Prestadores de la salud advierten que peligran más de un millón de empleos si cae la emergencia sanitaria
La Unión Argentina de Salud alertó que el Presupuesto 2026, sin ese régimen, podría provocar cierres masivos de clínicas y sanatorios en todo el país
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La Unión Argentina de Salud (UAS) advirtió que más de un millón de puestos de trabajo del sector privado de la salud podrían verse en riesgo si el Presupuesto 2026 se aprueba sin la prórroga de la emergencia sanitaria, vigente desde 2001. Según señalaron, la medida podría empujar al cierre a cientos de empresas vinculadas a la atención médica.
De acuerdo a lo informado por la entidad, la eliminación del Capítulo XI, artículo 78 del proyecto presupuestario —que contemplaba, entre otros puntos, el sostenimiento del régimen de emergencia— dejaría en una situación crítica a más de 5.000 instituciones de todo el país, entre clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico y establecimientos asistenciales.
Desde la UAS señalaron que la emergencia sanitaria permitió durante más de dos décadas sostener el funcionamiento del sistema frente a un escenario de costos crecientes y precios desactualizados, una problemática que, según remarcaron, ningún gobierno logró resolver de fondo.
Riesgo de cierres y despidos masivos
La cámara empresaria sostuvo que, de avanzar la eliminación del régimen, muchas instituciones quedarían expuestas a embargos fiscales que paralizarían su actividad a partir del 1° de enero de 2026, poniendo en riesgo tanto la atención de los pacientes como la continuidad laboral de más de un millón de trabajadores registrados.
En ese marco, la UAS reclamó el dictado de una norma que prorrogue explícitamente el régimen de inembargabilidad, para evitar que las deudas fiscales deriven en medidas que afecten directamente la prestación de servicios esenciales.
“El objetivo no es condonar obligaciones, sino garantizar un resguardo transitorio orientado a proteger el interés público”, explicó el presidente de la entidad, Hugo Magonza.
Asimismo, Magonza advirtió que “la posibilidad de avanzar con embargos sobre cuentas y activos esenciales comprometería de manera inmediata la prestación de servicios críticos y la estabilidad del sistema de salud”, en un contexto que definió como de extrema vulnerabilidad para el sector.

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