Oposición impulsa una ley de reparación para víctimas del fentanilo adulterado

Diputados de distintos bloques opositores presentaron un proyecto de ley que busca otorgar una reparación integral a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas fatales de la tragedia causada por fentanilo contaminado, ocurrida meses atrás tras la circulación de medicamentos adulterados en el mercado.

La propuesta, encabezada por el diputado Eduardo Valdés (Unión por la Patria), establece una compensación económica equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles, junto a un paquete de prestaciones de salud, asistencia social, reinserción educativa e inserción laboral.

Pensión y beneficios complementarios

El proyecto incluye una pensión vitalicia para hijos, hijas y cónyuges de personas fallecidas. En el caso de los menores, el beneficio podrá cobrarse hasta los 18 años —o hasta los 25 si estudian y presentan certificación académica.

También podrán acceder los cónyuges o convivientes que acrediten al menos dos años de vida en común previos al fallecimiento. Para los sobrevivientes que hayan sufrido secuelas, la reparación se mantendrá mientras dure la incapacidad laboral derivada de la intoxicación.

La iniciativa aclara que la subvención no será incompatible con futuras indemnizaciones judiciales o extrajudiciales.

"El Estado tiene que dar una respuesta"

Valdés sostuvo que la tragedia dejó al descubierto “la inoperancia estatal y la negligencia privada”, y subrayó que el proyecto apunta a brindar “justicia social a quienes quedaron desamparados”.

“Muchas familias perdieron no solo a sus seres queridos, sino también su sustento económico. No podemos permitir que, además del dolor, carguen con el abandono del Estado”, agregó.

Creación de un programa y un consejo de seguimiento

La ley plantea la creación del Programa de Reparación Integral a Familiares de Víctimas Fatales y Víctimas Sobrevivientes del Fentanilo Contaminado o Adulterado, cuya implementación quedará a cargo del Ministerio de Capital Humano, en coordinación con las provincias afectadas.

Además, prevé la conformación de un Consejo de Control y Seguimiento integrado por familiares de víctimas, ONG y organismos públicos, con el objetivo de garantizar transparencia y efectividad en la ejecución de la política.