Nuevo escándalo: Funcionarios y militantes libertarios accedieron a créditos millonarios en el Banco Nación

En medio de la crisis económica y las dificultades de gran parte de la población para acceder al crédito, salieron a la luz una serie de préstamos millonarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo libertario, lo que desató cuestionamientos por una supuesta contradicción con el discurso antiestatal del Gobierno.

Uno de los casos que reavivó la polémica es el del secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien recientemente afirmó en una entrevista que “no creo que la gente esté peor”. El funcionario accedió a un crédito hipotecario cercano a los 367 millones de pesos en el Banco Nación y, además, obtuvo otro préstamo por alrededor de 100 millones en el Banco Ciudad.
 

A este caso se suma el de Felipe Núñez, funcionario del área económica y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), quien consiguió un crédito por unos 475 millones de pesos en febrero de 2025, pocos meses después de asumir.

También aparece en la lista Juan Pablo Carreira —conocido en redes como “Juan Doe” y vinculado al área de Presidencia—, quien recibió un préstamo de 112 millones de pesos en diciembre de 2025.

Entre los dirigentes legislativos figuran el diputado Santiago Santurio, con un crédito de 340 millones de pesos, y el radical Mariano Campero, que accedió a unos 322 millones, ambos otorgados por la misma entidad bancaria.

Por su parte, la diputada Lorena Villaverde obtuvo un crédito hipotecario cercano a los 225 millones de pesos, mientras que el dirigente liberal Alejandro Bongiovanni accedió a un préstamo de aproximadamente 255 millones.

Uno de los que más llama la atencióm es el crédito concedido a Sharif, hijo de Lule Menem que recibió una cifra para nada despreciable, considerando sus 24 años: 357 millones de pesos

Todos los créditos fueron concedidos por el Banco Nación durante la actual gestión, lo que generó críticas desde distintos sectores políticos. Apuntan a la aparente contradicción entre el discurso que cuestiona el rol del Estado y la utilización de financiamiento proveniente de la banca pública.

La difusión de estos casos también volvió a poner en agenda el debate sobre el acceso al crédito en la Argentina, en un contexto en el que gran parte de la sociedad enfrenta restricciones para financiar la compra de viviendas u otros proyectos.

En este escenario, crecen los pedidos de mayor transparencia sobre los criterios de otorgamiento de estos préstamos y las condiciones en las que fueron aprobados, en medio de un contexto económico marcado por el ajuste y la retracción del consumo.