Malvinas: qué es el yacimiento petrolero Sea Lion que nombró Milei y por qué es motivo de conflicto
El reclamo por la soberanía de las Islas sumó un nuevo capítulo a finales del 2025 que involucra a empresas petroleras extranjeras.
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El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas por parte del Estado argentino abrió un nuevo capítulo a finales de 2025, cuando la Cancillería argentina expresó su “enérgico rechazo” al anuncio formulado por las empresas Rockhopper Exploration Plc (Reino Unido) y Navitas Petroleum (Israel) sobre la pretendida “Decisión Final de Inversión” para iniciar el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, frente a las Islas Malvinas, sin autorización de la autoridad competente argentina.
En ese documento, el Gobierno recordó que toda exploración o explotación unilateral de recursos naturales en áreas sujetas a disputa de soberanía contraviene las resoluciones 2065 (XX), 31/49 y concordantes de Naciones Unidas, que reconocen la disputa entre Argentina y el Reino Unido e instan a ambas partes a abstenerse de realizar modificaciones unilaterales mientras continúe pendiente una solución negociada.
Además, la Argentina extendió su rechazo a todos los actos asociados al avance hacia la fase productiva, desde la adopción de normativas isleñas hasta la contratación de proveedores, por tratarse de actividades “ilegales e incompatibles con el ordenamiento jurídico argentino”, especialmente con las leyes 26.659 y 26.915, que prohíben operar en la plataforma continental sin permiso nacional. Algo que fue ratificado este jueves por el presidente Javier Milei.
El comunicado recordó que ambas compañías ya fueron sancionadas: Rockhopper fue declarada clandestina y suspendida por 20 años mediante resoluciones de 2012 y 2013, mientras que Navitas recibió sanciones equivalentes en 2022 por operar sin autorización.
Cancillería advirtió que toda persona física o jurídica que participe directa o indirectamente en estos emprendimientos quedará expuesta a medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo restricciones operativas, inhabilitaciones y acciones en fueros nacionales e internacionales.
El Gobierno afirmó que los nuevos anuncios constituyen un “acto unilateral de efectos futuros potencialmente irreversibles”, dado que involucran recursos no renovables, y aseguró que profundizará su plan de acción para adoptar todas las medidas necesarias conforme al derecho internacional.
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