Ley de Tierras: ¿quiénes son los principales propietarios extranjeros y dónde concentran sus campos?

El Congreso se prepara para debatir una modificación del régimen de propiedad de tierras rurales que podría ampliar la participación de capitales extranjeros en el territorio argentino.

La legislación vigente establece un límite del 15 % de tierras rurales en manos extranjeras en los ámbitos nacional y provincial. El nuevo proyecto propone elevar ese porcentaje al 25 %, una modificación que genera posiciones encontradas entre quienes buscan atraer inversiones y quienes advierten sobre el control de recursos naturales y productivos.

Según el relevamiento citado, los principales propietarios extranjeros están vinculados con actividades como la ganadería, la agricultura, la producción forestal y los negocios inmobiliarios.

Los mayores propietarios extranjeros

Entre los grupos con mayor cantidad de tierras aparece la Compañía de Tierras Sud Argentino, vinculada con la familia italiana Benetton, con alrededor de 900.000 hectáreas.

También se encuentra el fondo suizo Estomonte, con unas 404.000 hectáreas, y la empresa de capitales chilenos Arauco Argentina, con aproximadamente 272.000 hectáreas.

La nómina incluye además a Adecoagro, controlada por Tether, con cerca de 200.000 hectáreas; Nieves de Mendoza, vinculada con capitales de Malasia y Reino Unido, con 145.000; Forestal Bosques del Plata, de origen chileno, con 94.298; y la familia estadounidense Turner, con unas 51.000 hectáreas.

El informe original afirma que siete grandes grupos controlan cerca de 12 millones de hectáreas, aunque las superficies individualizadas en ese mismo detalle suman una cifra considerablemente menor. Por ese motivo, el total deberá ser contrastado con los registros oficiales antes de considerarse definitivo.

Las provincias con mayor proporción

A nivel nacional, la superficie rural en manos extranjeras se encuentra por debajo del 5 %. Sin embargo, algunas provincias presentan porcentajes considerablemente superiores.

En Salta, la extranjerización alcanza aproximadamente el 11,4 %; en Misiones, el 11,29 %; y en San Juan, cerca del 10 %.

También aparecen con niveles elevados Santa Cruz, Catamarca, Mendoza y Corrientes, todas con porcentajes superiores al 8 %, según los datos incluidos en el relevamiento.

En la región pampeana, la presencia de propietarios extranjeros es más baja. En Santa Fe y Córdoba ronda el 1,7 %, mientras que en Buenos Aires alcanza el 2,87 % y en Entre Ríos llega al 3,23 %.

Municipios que superan el 50 %

La distribución territorial presenta diferencias todavía más marcadas cuando se analiza por departamentos o municipios.

En San Carlos, provincia de Salta, casi el 60 % de las tierras rurales estaría en manos extranjeras. En Molinos, también en Salta, el porcentaje alcanza el 57 %.

Otros distritos con elevada concentración son General La Madrid, en La Rioja, con el 56 %; Lácar, en Neuquén, con el 54 %; y Campana, en Buenos Aires, con aproximadamente el 50 %.

La nómina también incluye a Guazuvirú, Ituzaingó, Guachipas, Berón de Astrada y General Güemes.

Estos casos muestran que, aunque el promedio nacional permanece por debajo del límite establecido, existen zonas donde la proporción de tierras extranjerizadas supera ampliamente los porcentajes generales.

El debate por los recursos estratégicos

Uno de los principales puntos de discusión es que muchas de estas propiedades se encuentran en regiones productivas, áreas fronterizas o territorios con acceso a reservas de agua, bosques, minerales y otros recursos estratégicos.

Quienes respaldan la flexibilización sostienen que ampliar el límite puede favorecer la llegada de inversiones y generar nuevos proyectos productivos.

Los sectores críticos advierten, en cambio, que la nacionalidad del propietario no garantiza inversiones efectivas y que una mayor concentración podría reducir la capacidad estatal para intervenir sobre recursos considerados esenciales.

El rol del Registro Nacional de Tierras Rurales

El Registro Nacional de Tierras Rurales permite identificar la cantidad, ubicación y titularidad de las propiedades rurales adquiridas por personas o sociedades extranjeras.

Cada operación debe inscribirse en ese organismo para verificar que se respeten los límites establecidos por la legislación vigente.

La votación en el Congreso definirá si el tope permanece en el 15 % o se amplía al 25 %, una decisión que podría modificar el escenario de la propiedad rural en distintas provincias y municipios del país.