El gobierno trabaja para bloquear en ambas cámaras los dos tercios necesarios para rechazar la medida presidencial e insistir con la ley.
Marcha, veto, debate en el Congreso. Esquemáticamente, tal es la línea temporal que quedó establecida en orden a la ley de financiamiento universitario. Con la vista puesta en cada una de esas instancias, se multiplicaron en las últimas horas las declaraciones públicas y las gestiones a distintos niveles. Y en todos los casos, se toman en cuenta los antecedentes de los hitos que la precedieron y la proyección a futuro de la cuestión de fondo.
El 13 de septiembre pasado, el Congreso votó la ley de Financiamiento Universitario, que actualiza los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
"El Gobierno dijo que esta ley no tiene partida presupuestaria, por lo tanto, no la podemos aprobar y eso generó una reacción del sector universitario", resumió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en declaraciones periodísticas formuladas este martes a la noche, en la jornada previa a la movilización. Como el silogismo mayor de esa premisa, y por si fuera necesario, aclaró que "cuando venga una ley sin el sustento presupuestario, el Gobierno lo va a vetar", en consideración al objetivo central del Poder Ejecutivo de mantener el equilibrio fiscal.
Por eso, estableció que "el Congreso tiene ya presentada por el Poder Ejecutivo el proyecto por el presupuesto nacional" y, por lo tanto, "si hay algún debate por hacer sobre el tema de la educación, tienen ahí para discutir el presupuesto del año próximo".
Por distintas vías
Previo a esto, el Gobierno intentó evitar la marcha, previendo su masividad, por distintas vías: fallidos intentos de negociación de última hora con ofertas salariales para los docentes, reunión con líderes sindicales encabezados por la CGT, y un marcado esfuerzo por descalificar la movilización, tiñéndola de intereses partidarios. "Responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo", sostuvo un comunicado del Gobierno, asegurando que "los reclamos educativos están todos atendidos y resueltos". Mientras tanto, desde el Ministerio de Capital Humano se detallaron las partidas transferidas en el año y se difundieron datos sobre niveles de sueldos docentes en algunas categorías, tratando de desmentir que estén por debajo de la línea de pobreza.
En cualquier caso, la movilización no pudo ser evitada, pero tampoco se esperó a evaluar su dimensión para tomar una decisión sobre el veto a la ley de Financiamiento. La medida quedó confirmada por todas las vías para las primeras horas posteriores, en la mañana de este jueves, al filo del plazo legal. En ese sentido, la marcha podrá ser en todo caso un elemento que influya en las dos instancias posteriores: el tratamiento del veto en el Congreso para convalidarlo o rechazarlo, y la discusión en comisiones del proyecto de Presupuesto, a la que aludió Francos como el ámbito para dirimir estas discrepancias.
Con respecto al veto, en la Casa Rosada están lejos de poder garantizar una marcha atrás del Congreso, como la que se dio con la recomposición de las jubilaciones con el estratégico cambio de postura de algunos diputados, y que la oposición no alcance los dos tercios de los votos para rechazarlo. En ese sentido, prácticamente se da por descontado que éso ocurrirá en el Senado rechazará el veto, y en Diputados el PRO todavía no aseguró anticipadamente su respaldo, como en el caso anterior.
En el Gobierno creen que sí podrían contar con los mismos cinco votos de los radicales que en septiembre sostuvieron el veto a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, en medio de duras críticas y sanciones de su propio espacio: Martín Arjol, Luis Picat, Mariano Campero, Pablo Cervi y José Federico Tournier. Pero tampoco eso está garantizado, y el presidente del partido, Martín Lousteau, dejó en claro que "el partido no solo les exige a sus diputados y senadores que voten a favor, sino que bajen, estén presentes y no se ausenten con excusas".
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