Lázaro Báez manejó negocios rurales desde la cárcel y alquiló estancias a un presunto narco
Documentos judiciales revelan que el empresario condenado administró sus bienes embargados desde el penal de Ezeiza, incluyendo contratos millonarios por miles de ovejas y alquileres con sospechosos vínculos criminales.
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La Justicia federal investiga una red de operaciones comerciales que Lázaro Báez habría dirigido desde su celda en el penal de Ezeiza. El fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, analiza documentación que vincula a Austral Agro S.A. con el manejo irregular de estancias embargadas en la provincia de Santa Cruz.
Entre los hallazgos más comprometedores figura un contrato de alquiler por la estancia La Entrerriana a nombre de Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como “Budín”. Este hombre, señalado como colaborador del empresario, es investigado por sus presuntos nexos con una banda dedicada al transporte de cocaína.
El acuerdo de locación, pactado por tres años, establecía un canon mensual de $2 millones. Sin embargo, los registros contables incautados durante los 27 allanamientos realizados en Santa Cruz y Buenos Aires revelaron que Ibáñez acumulaba una deuda de $12 millones por falta de pago.
La actividad en el campo quedó expuesta en redes sociales, donde el propio “Budín” publicó videos en TikTok mostrando ganado ovino e instalaciones rurales. Estas imágenes permitieron a los investigadores confirmar su presencia física en los predios que, teóricamente, estaban bajo control judicial estricto.
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Contratos ganaderos y maniobras financieras
Otro punto central de la causa es un contrato de capitalización ganadera firmado el 22 de marzo de 2025. En este documento, Austral Agro, representada por Belén Casafúz Parada, acordó con Paula Beatriz Godfrid la cría, engorde y esquila de 7000 ovejas en la estancia Coronel Guarumba.
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La suma de estos animales con otras 1000 ovejas propias de la firma conformaba un stock de 8000 cabezas. La empresa de Báez debía garantizar la alimentación, vigilancia y el pago de salarios de los trabajadores rurales, asumiendo costos operativos significativos mientras el empresario cumple su condena.
La investigación detectó transferencias por $26,2 millones realizadas por Godfrid y su hijo, Mauro Gastón Trevisan Godfrid, hacia Ibáñez. Parte de ese dinero habría terminado en cuentas vinculadas a Claudia Insaurralde, pareja de Báez, y a Fausto Devetac, cuñado de “Budín”.
Los investigadores intentan determinar si estos movimientos respondían a negocios agropecuarios genuinos o si se trataba de una maniobra para eludir los controles judiciales sobre el patrimonio del empresario, quien purga una pena unificada de 15 años por las causas Ruta del Dinero K y Vialidad.
Escuchas telefónicas y control desde la celda
Las pruebas incluyen escuchas telefónicas que confirman la intervención directa de Báez en la administración de sus bienes. En una conversación del 5 de octubre, el empresario dio instrucciones precisas a Ibáñez sobre el manejo de las estancias La Entrerriana y Alquinta.
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“Necesitamos uno que sea nuestro, que sea tuyo. Yo voy a supervisar los dos lados”, sentenció Báez durante el diálogo. El empresario también cuestionó decisiones tomadas por Insaurralde, a quien llamaban “la Tía”, advirtiendo que tenía poder para desplazar a cualquier administrador que no siguiera sus órdenes.
El expediente patrimonial detalla otros contratos millonarios, como el de la estancia Coronel Guarumba por $5 millones mensuales, o el de La Verdadera Argentina, con un pago anual estimado en $80 millones. Estas cifras reflejan la magnitud de los activos que la Justicia intenta proteger.
La causa también analiza el uso de maquinaria pesada y camiones de la firma Kank y Costilla S.A. en actividades sospechosas. El secuestro de armas, estupefacientes y documentación en los operativos recientes refuerza la hipótesis de una organización compleja que operaba bajo la sombra del empresario detenido.

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