La Justicia procesó a ocho altos mandos iraníes y libaneses por el atentado a la AMIA
El juez federal Daniel Rafecas dictó los procesamientos en la causa por el ataque terrorista de 1994, que dejó 85 muertos. La resolución calificó los hechos como delitos de lesa humanidad y señaló a la cúpula iraní y a Hezbollah como responsables del atentado.
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La Justicia Federal procesó a ocho altos mandos iraníes y libaneses por el atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, que provocó la muerte de 85 personas, más de 150 heridos y graves daños materiales.
La resolución fue dictada por el juez federal Daniel Rafecas, quien sostuvo que el ataque fue decidido por integrantes de la cúpula del gobierno iraní y ejecutado por miembros de Hezbollah. Además, calificó los hechos como delitos de lesa humanidad y estableció embargos de hasta 500 millones de dólares para cada uno de los procesados.
Entre los procesados se encuentran exfuncionarios iraníes y presuntos integrantes de estructuras vinculadas al grupo libanés Hezbollah.
Quiénes fueron procesados
La resolución alcanzó a:
- Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia de Irán.
- Alí Velayati, exministro de Relaciones Exteriores iraní.
- Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria iraní.
- Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza Al Quds de la Guardia Revolucionaria.
- Hadi Soleimanpour, exembajador de Irán en Argentina.
- Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la Embajada iraní en Buenos Aires.
- Ahmad Asghari, exagente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.
- Salman Raouf Salman (también identificado como Samuel El Reda), señalado como agente de Hezbollah y coordinador de la etapa final del atentado.
Según la resolución, los primeros cuatro imputados habrían tenido participación en la planificación y organización del ataque desde las estructuras del Estado iraní, mientras que los otros fueron vinculados con tareas de apoyo y coordinación.
La reconstrucción del atentado
En el fallo, Rafecas dio por probado que los atacantes utilizaron una camioneta Renault Trafic, que fue cargada con aproximadamente 300 kilos de amonal y TNT.
El vehículo habría sido preparado días antes del ataque y dejado en un estacionamiento ubicado a pocas cuadras de la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
La explosión ocurrió durante la mañana del 18 de julio de 1994, en un horario de alta circulación dentro del edificio de la mutual judía.
El magistrado sostuvo que la decisión de cometer el atentado se habría tomado en agosto de 1993 por las máximas autoridades del régimen iraní y que la ejecución fue encomendada a Hezbollah, mediante una red de apoyo regional y local.
Juicio en ausencia
Uno de los puntos centrales de la resolución fue la aplicación del régimen de juicio en ausencia, establecido por la Ley 27.784, que permite avanzar judicialmente contra acusados que permanecen prófugos en el extranjero.
De acuerdo con la resolución, esta herramienta permitió continuar con el proceso penal garantizando la representación de los imputados mediante defensa oficial.
El juez también dispuso que la causa continúe su trámite y, en caso de confirmarse los procesamientos, podría avanzar hacia la etapa de elevación a juicio oral.
La causa y las nuevas medidas
Rafecas además ordenó analizar una posible conexión con la investigación por el atentado contra la Embajada de Israel ocurrido en 1992, causa que tramita ante la Corte Suprema de Justicia.
La decisión se tomó luego de que la Fiscalía señalara que ambos ataques podrían haber sido ejecutados por Hezbollah.
En tanto, el magistrado dispuso la falta de mérito para Abdallah Salman y Hussein Mouzannar, mientras que no abordó la situación de dirigentes fallecidos como Alí Khamenei e Imad Mughniyeh.
Reacción del Gobierno
Desde el Gobierno nacional destacaron la decisión judicial. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, afirmó que el procesamiento representa un avance en la causa y vinculó la medida con la aplicación de la ley de juicio en ausencia.
También se expresó la senadora Patricia Bullrich, quien destacó la posibilidad de avanzar contra acusados que permanecen fuera del país.
La causa por el atentado a la AMIA, uno de los ataques terroristas más graves ocurridos en Argentina, continúa así con nuevas medidas judiciales más de tres décadas después del ataque.
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