La fiscalía profundiza la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni y sus operaciones con Bitcoin
La justicia busca determinar si las operaciones con criptomonedas declaradas por el exjefe de Gabinete, que justifican casi 600.000 dólares, fueron efectivamente realizadas por él.
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La Justicia avanzó con nuevas medidas en la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni, luego de comprobar la existencia de las ocho direcciones de Bitcoin presentadas por su defensa para justificar ingresos por casi US$600.000.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) un informe técnico destinado a establecer quién controlaba esas direcciones cuando se realizaron las operaciones, entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. El requerimiento incluye 29 preguntas para los especialistas.
La medida forma parte de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita ante el juzgado federal de Ariel Lijo. Días atrás, el magistrado había dado curso al pedido de ampliar la reconstrucción patrimonial y verificar técnicamente las billeteras informadas por el exfuncionario.
Qué se comprobó sobre las billeteras
La primera verificación permitió establecer que las ocho direcciones existen y que sus movimientos coinciden con los informados por la defensa de Adorni. También se comprobó que sus abogados disponen actualmente de las claves privadas necesarias para acceder a ellas.
Durante el procedimiento, realizado en la Fiscalía Federal N°11, los representantes legales utilizaron las claves privadas que habían sido entregadas previamente ante escribano y conservadas dentro de un sobre cerrado.
Los investigadores generaron un “mensaje de desafío” para cada dirección. Los abogados debían firmarlo utilizando las correspondientes claves privadas y personal especializado verificó posteriormente la validez de esas firmas.
El procedimiento confirmó el acceso actual a las direcciones, pero la Fiscalía busca establecer si ese control también existía cuando se efectuaron las operaciones investigadas años atrás.
La pregunta central: quién tenía las claves entre 2014 y 2018
Ese punto se convirtió en uno de los principales interrogantes de la investigación.
El hecho de disponer actualmente de una clave privada permite demostrar el control presente sobre una dirección de Bitcoin, pero la Fiscalía busca determinar si técnicamente es posible acreditar desde cuándo una persona posee esa clave y quién realizó históricamente las operaciones.
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Por eso, Pollicita pidió analizar si existe alguna herramienta capaz de determinar si quien tiene hoy las claves es la misma persona que controlaba las direcciones entre 2014 y 2018.
También solicitó establecer si las firmas digitales realizadas durante la verificación demuestran un control exclusivo o compartido, además de determinar si sería posible generar una firma válida sin disponer efectivamente de las claves.
Los US$591.544 declarados por Adorni
En la explicación patrimonial presentada ante la Justicia, Adorni sostuvo que obtuvo US$591.544,61 mediante operaciones con Bitcoin realizadas antes de ingresar a la función pública.
Según la versión de su defensa, realizó una primera inversión en 2014 y posteriormente continuó operando con criptomonedas. También afirmó que parte de las compras y ventas se concretaron de manera presencial y en efectivo, fuera de plataformas reguladas.
Adorni sostuvo además que conservó una parte importante de esos dólares en efectivo durante varios años. La Fiscalía intenta ahora verificar técnicamente si las operaciones presentadas como respaldo de esa explicación pueden vincularse efectivamente con el exfuncionario.
Analizarán 41 movimientos de Bitcoin
Otra parte del peritaje estará centrada en 41 movimientos registrados en las ocho direcciones.
Los investigadores quieren determinar si esas operaciones pudieron haber sido realizadas por una sola persona, si necesariamente intervino un tercero y si la información pública disponible en la blockchain de Bitcoin contiene elementos que permitan identificar a quien controlaba las direcciones en aquel momento.
También se buscará determinar si existen elementos técnicos para conocer quién depositó fondos durante 2014 en cinco de las ocho direcciones y si todavía es posible reconstruir las conexiones a internet utilizadas para efectuar las operaciones.
El cuestionario incluye además consultas sobre las herramientas comerciales utilizadas para relacionar direcciones de Bitcoin con plataformas de intercambio y sobre el grado de confiabilidad y posibilidad de auditoría de esos sistemas.
La investigación patrimonial continúa
En paralelo con el análisis de las criptomonedas, la Justicia dispuso ampliar la reconstrucción de los ingresos y bienes de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, incluyendo períodos anteriores al inicialmente investigado.
Entre las medidas también aparecen pedidos de información tributaria y datos relacionados con operaciones de compra de moneda extranjera.
Con las nuevas pericias, la investigación buscará establecer si la documentación y las pruebas técnicas aportadas por la defensa permiten respaldar la explicación sobre el origen de los fondos. La existencia de las direcciones y el acceso actual a sus claves ya fueron verificados; la titularidad y el control histórico durante las operaciones son ahora parte de las cuestiones que la Fiscalía intenta esclarecer.
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