En medio de la investigación de la causa por el escándalo de los seguros durante el gobierno de Alberto Fernández, la Justicia encontró elementos que probarían la supuesta violencia hacia su exesposa Fabiola Yañez. Si bien en un principio su abogado aseguró que no iba a llevar adelante medidas judiciales, en los últimos minutos se confirmó que Yañez demandó al exmandatario por “violencia física y mental”.

La denuncia la hizo Yañez desde España en una audiencia virtual frente al juez Ercolini, que duró una hora. El magistrado dispuso medidas restrictivas para el ex jefe de Estado.

Cuando este fin de semana salieron a la luz los chats que tiene la Justicia, el conflicto entre ambos habría escalado, informó el periodista Claudio Savoia, en el diario Clarín. “Yo creo que, entre otros motivos Julián Ercolini - decidió acudir a la Oficina de Violencia de Género de la Corte para poder mantener el secreto y la reserva que buscaba, pero a la vez compartir con otra instancia judicial el material tan comprometedor que había llegado a sus manos”, dijo un camarista federal con décadas de experiencia en el fuero porteño a Clarín.

LEE: La Justicia investiga a Alberto Fernández por presunta violencia de género

“Los actos de violencia son en principio delitos civiles, que se convierten en penales a través de una tipificación específica en el Código. El derecho penal es de última ratio, de última razón. Interviene donde hay un interés superior del Estado por regular relaciones entre privados, que deben desenvolverse lejos de su mirada. Si quieren pensar distinto hay que modificar la ley”, explicó un funcionario nacional que coordina el trabajo de fiscales de todo el país.

Otro fiscal federal con despacho en Comodoro Py comparte su visión, fundada en una experiencia personal: “En casos de violencia intrafamiliar, los fiscales pueden impulsar la investigación. A mí me tocó conocer varios, y uno muy de cerca”, expresó.