La Corte Suprema frenó los aumentos libres de las prepagas y el Gobierno deberá autorizar cada suba
El máximo tribunal declaró inconstitucional la desregulación de cuotas del DNU 70/23, obligando a la Superintendencia de Servicios de Salud a retomar el control sobre los incrementos tarifarios.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico que pone fin a la libertad de precios en el sector de la medicina prepaga. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, los cuales habían eliminado el control estatal sobre las cuotas.
A partir de esta resolución, la Superintendencia de Servicios de Salud recupera sus facultades plenas para revisar, fiscalizar y autorizar cualquier variación en los planes de salud. Esta medida busca garantizar que los ajustes tarifarios sean razonables y estén debidamente fundados en la estructura de costos y cálculos actuariales.
El impacto judicial de esta decisión es masivo, ya que influye directamente sobre cerca de 500 causas análogas que permanecían pendientes. Asimismo, el fallo abre la puerta a numerosos reclamos de afiliados en todo el país que buscarán la restitución de fondos tras los fuertes incrementos registrados desde finales del año pasado.
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El caso testigo surgió a raíz de una demanda contra una prepaga que aplicó un aumento del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. De haberse mantenido la normativa previa del Ministerio de Salud de la Nación, el ajuste aplicado en enero de 2024 hubiera sido de apenas el 6,26%, marcando una diferencia abismal para los usuarios.
El fin de la discrecionalidad en el sistema de salud
El tribunal aclaró que, si bien se restituyen las competencias regulatorias, no se fijó un tope automático vinculado al Índice de Precios al Consumidor. La autoridad de aplicación deberá evaluar cada incremento bajo los criterios de la ley 26.682, garantizando un equilibrio entre la sostenibilidad del sistema y el bolsillo de los afiliados.
En sus fundamentos, los magistrados recordaron que el Poder Ejecutivo solo puede ejercer facultades legislativas bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad. Según la Corte, el DNU 70/23 no logró acreditar una urgencia que impidiera el tratamiento parlamentario ordinario, invalidando así la eliminación de los controles de precios.
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La Corte Suprema enfatizó que la mera invocación de una crisis del sistema o la búsqueda de competitividad no justifican el uso de decretos para evitar el debate en el Congreso. La Constitución Nacional no permite elegir discrecionalmente el camino más rápido para implementar cambios estructurales de esta magnitud.
Finalmente, el máximo tribunal aclaró que su pronunciamiento se limitó exclusivamente a los artículos 267 y 269. Esto significa que el resto del decreto 70/2023 no fue objeto de análisis en esta sentencia, manteniendo su vigencia en otros aspectos ajenos a la regulación de las cuotas de medicina prepaga.

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