El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó hoy un proyecto de ley que apunta a derogar el decreto que restringe el derecho al acceso a la información pública.

“Derógase el Decreto 780/2024 por resultar contrario a la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales así como por alterar el espíritu de la Ley n° 27.275 sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública”, reza el artículo 1° de la normativa propuesta.

En los fundamentos, se apela a lo dispuesto en la Constitución Nacional y a un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los límites de los decretos reglamentarios ejecutivos para regular el derecho al acceso a la información pública.

“Las limitaciones al derecho de acceso a la información solo pueden estar establecidas en forma excepcional por una ley del Honorable Congreso de la Nación y deben ser interpretadas en forma restrictiva, siempre a favor de garantizar el derecho de acceso a la información pública”, señalan los autores del proyecto de ley.

“Las excepciones fueron clara y taxativamente establecidas por la Ley n° 27.275 no pudiendo incorporase nuevas excepciones o interpretaciones restrictivas por vía reglamentaria, ni tampoco pudiendo hacerlo a través de una interpretación con alcance general”, finalizaron.

La iniciativa lleva las firmas de Victoria Borrego, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Mónica Frande y Paula Oliveto.

El lunes pasado, el bloque Encuentro Federal había presentado un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique los alcances del mismo decreto 780/24.

A través de un proyecto de resolución, y a instancias de una iniciativa de Margarita Stolbizer, la bancada que preside Miguel Pichetto expresó “preocupación” ante un hecho que considera que “desvirtúa el espíritu de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública”.

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“Entendemos que con esta medida el gobierno restringe el derecho de los ciudadanos a preguntar e informarse sobre los funcionarios públicos, quienes desde el momento en que toman la decisión de ejercer cargos en los que se administran recursos del Estado deben estar sometidos al control de la sociedad”, manifestaron los diputados de Encuentro Federal en un comunicado.

Según expresaron, “la reserva de información respecto del patrimonio, la agenda y los gastos de los funcionarios que plantea el Decreto 780/24 nos retrotrae a la opacidad del pasado, marcada por la corrupción y abusos de poder”.

“De esta manera se debilita el funcionamiento de nuestra democracia y se genera una pérdida de confianza social en las instituciones”, aseguraron.

“Desde Encuentro Federal seguiremos bregando por la transparencia en el funcionamiento del Estado, la consolidación de las instituciones públicas y la igualdad de derechos a todas las personas”, concluyeron.

El pedido de informes lleva la firma de los diputados Miguel Ángel Pichetto, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, Mónica Fein, Ricardo López Murphy, Oscar Agost Carreño, Nicolás Massot, Esteban Paulón y Juan Brügge.