La Algodonera Avellaneda en el ojo de la tormenta: el gremio denunció lockout y la empresa lo niega
La Asociación Obrera Textil acusa a la firma de cerrar sus puertas e impedir el ingreso de trabajadores. La empresa rechaza la denuncia y promete pagar los días caídos. El viernes habrá una audiencia clave en el concurso de acreedores.
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El conflicto en torno a Algodonera Avellaneda SA escaló este lunes tras la denuncia presentada por la Asociación Obrera Textil (AOT) en la delegación local del Ministerio de Trabajo. El gremio, encabezado por Juan Carlos Bandeo, acusó a la firma de aplicar un “lockout patronal ilegal”, al impedir el ingreso de los trabajadores a la planta ubicada en el Parque Industrial de Reconquista.
“Este proceder de parte de la empresa se llama lockout patronal y es ilegal”, sostiene el escrito sindical, que reclama la intervención urgente del Ministerio de Trabajo y del gobernador de Santa Fe para garantizar la continuidad laboral y el pago íntegro de los salarios.
La respuesta de la empresa
Horas después, la compañía —vinculada al grupo Vicentin— salió a desmentir formalmente las acusaciones a través de su abogado, Héctor Luis Vizcay. En la nota, Algodonera Avellaneda negó haber dispuesto un cierre patronal y atribuyó la situación a “cuestiones administrativas propias de su crisis financiera”.
En un aspecto central para los empleados, la empresa aseguró que abonará los haberes correspondientes a los días en que no se realizaron tareas.
Contexto judicial y financiero
La disputa se enmarca en la delicada situación posconcursal que atraviesa la textil. El juez Fabián Lorenzini, que entiende en el concurso de acreedores, exigió a la firma un informe completo sobre su capital de trabajo, activos, pasivos (incluidas las deudas salariales) y proyecciones económicas.
Ese informe será el eje de la audiencia prevista para el viernes 3 de octubre a las 9, donde deberán exponer la empresa, la sindicatura, el comité de acreedores y la representación de los trabajadores.
El rol del Ministerio de Trabajo
Consultado por este medio, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, adelantó que estará presente en la audiencia y dejó en claro su postura:
“Estos días no trabajados no pueden descontarse. La empresa los tiene que pagar. Ya se lo dije a Bandeo”, afirmó, respaldando el reclamo sindical y buscando dar certidumbre a los más de 500 empleados que dependen de la firma.
La tensión gremio–empresa se dirimirá ahora en los tribunales, con la mirada puesta en si la compañía logra exhibir un plan de reactivación viable o si la crisis de la textil se profundiza.
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