“Es un retroceso”: el Socialismo presentó siete ejes para modernizar el mercado laboral

La presidenta del Partido Socialista (PS), Mónica Fein, criticó el proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo y sostuvo que se trata de “un retroceso que recorta garantías y elude una discusión seria sobre el desarrollo económico; esto no va a generar más puestos de trabajo ni promueve ninguna modernización”.

Desde el PS advirtieron que la iniciativa debilita la negociación colectiva, desfinancia la seguridad social y convalida la precarización laboral, especialmente en el ámbito de las plataformas digitales. Además, remarcaron que la propuesta carece de legitimidad social, ya que no surge de un diálogo amplio entre el Estado, trabajadores, organizaciones y empleadores.

“Una reforma necesita debate abierto y de fondo. El proyecto de Milei fue elaborado por unos pocos y bajo cuatro llaves”, sostuvo Fein.

Siete ejes para una reforma con desarrollo

Frente al escenario actual, el Socialismo impulsa una agenda estructurada en siete ejes orientados a modernizar el mercado laboral sin degradar derechos.

Entre los principales puntos, se destaca la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, una regulación específica para MiPyMEs que facilite la formalización sin afectar garantías básicas, y el reconocimiento del derecho universal a la formación continua, especialmente ante el avance de la inteligencia artificial y los cambios tecnológicos.

La propuesta también incorpora una agenda de cuidados que fortalezca la autonomía económica de las mujeres, integrando políticas públicas que reconozcan el impacto del trabajo no remunerado en la estructura productiva.

Informalidad y modelo productivo

Con un mercado laboral que cerró 2025 con un 43,3% de informalidad, el Partido Socialista plantea la necesidad de un plan productivo integral que combine innovación tecnológica, protección de derechos y generación de empleo genuino.

Desde el espacio remarcan que una reforma moderna debe articular desarrollo y equidad, promoviendo un Estado transparente, capaz de garantizar reglas claras, fortalecer la seguridad jurídica y resolver conflictos sin profundizar la desigualdad estructural.