Embargo millonario contra FATE: la Justicia exige pagar salarios a trabajadores despedidos

La Justicia laboral ordenó un embargo cercano a los $3.000 millones contra FATE, en el marco del conflicto por el despido de cientos de trabajadores y el incumplimiento en el pago de salarios.

La resolución fue impulsada tras una presentación del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina, que denunció que la empresa no acató lo dispuesto previamente por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Embargo sobre cuentas y obligación de pago

La medida judicial habilitó el embargo de cuentas bancarias de la empresa, controlada por el empresario Javier Madanes Quintanilla, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del pago de salarios adeudados.

Según se estableció, FATE deberá abonar los sueldos pendientes desde el 18 de febrero —fecha en la que se produjo el cierre de la planta— a unos 920 trabajadores afectados, y continuar con los pagos hasta el 30 de junio de 2026.

El fallo responde a un acuerdo firmado en mayo de 2025, en el que la empresa se comprometía a no realizar despidos sin causa y a mantener el pago de salarios durante ese período.

Conflicto sindical y presión política

El secretario general del gremio, Alejandro Crespo, confirmó la decisión judicial y volvió a reclamar la intervención del gobierno bonaerense.

En ese sentido, apuntó contra el gobernador Axel Kicillof, a quien le solicitó que impulse una ley de ocupación temporal de la planta para reactivar la producción y evitar un impacto social mayor por la pérdida de empleos.

Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires extendió la conciliación obligatoria por cinco días hábiles más, en un intento por sostener las negociaciones entre las partes.

La postura de la empresa

Desde FATE rechazaron la decisión y anticiparon que apelarán el fallo, al sostener que el acuerdo firmado en 2025 perdió vigencia tras el cierre de la planta.

Además, la compañía aseguró que el proceso de reducción de personal continúa mediante acuerdos voluntarios. Según informaron, cerca del 80% de la plantilla ya aceptó desvincularse, lo que redujo significativamente la cantidad de trabajadores activos.

Un conflicto abierto

El caso sigue en desarrollo y combina instancias judiciales, negociaciones laborales y tensión política, en un escenario donde la continuidad de la actividad productiva y la situación de los trabajadores aún no tienen una resolución definitiva.