El oficialismo logró hoy emitir dictamen de mayoría al proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la iniciativa que presentó el gobierno del presidente Javier Milei para avanzar en modificaciones en áreas económicas, financieras, laborales y sociales.

Pasadas las 15.30, La Libertad Avanza había cosechado 61 firmas, entre los diputados de La Libertad Avanza, el PRO y un sector mayoritario de la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF). Ahora los cañones apuntan a lograr la media sanción en la sesión programada para el lunes 29 y martes 30 de abril.

Unión por la Patria y el Frente de Izquierda presentaron dictámenes de rechazo, y dentro de HCF los cinco diputados de la Coalición Cívica firmaron su propio dictamen de minoría, al igual que los dos socialistas santafesinos (Mónica Fein y Esteban Paulón) y Margarita Stolbizer.

La reunión de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales de la Cámara baja comenzó pasadas las 12.40.

El flamante presidente de la comisión de Legislación General (cabecera del debate), Santiago Santurio, expresó el optimismo del oficialismo: “Después de mucho trabajo y esfuerzo estamos llegando a los acuerdos necesarios para seguir avanzando con esta legislación”.

A continuación, el diputado de La Libertad Avanza Marcelo Llanos calificó la Ley Bases como “sumamente importante para el futuro de la Argentina”, y destacó el diálogo “fructífero” que se logró entre el oficialismo y algunos bloques de la oposición para arribar a consensos.

A su turno, el radical Lisandro Nieri resaltó “la importancia de darle a un gobierno que comienza las herramientas necesarias” para gobernar, aunque marcó algunos “diferencias y observaciones”.

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El diputado del PRO Damián Arabia coincidió en que resulta “necesario y relevante que este Congreso le otorgue al Poder Ejecutivo herramientas específicas para que este proceso sea logrado”.

“Sobretodo quiero destacar la incorporación de una reforma laboral que a todas luces es estrictamente necesaria. No es solamente un deseo, sino una necesidad”, consideró.

La primera polémica de la jornada se suscitó cuando el legislador del Frente de Izquierda Christian Castillo tomó la palabra y denunció que el oficialismo no había compartido con una “inmensa cantidad de diputados" el texto del dictamen que se estaba debatiendo.

“Quiero manifestar la perplejidad que tenemos varios de los diputados que estamos acá presentes porque se está haciendo una discusión sobre no sabemos qué texto. Esto es algo inédito, insólito, irregular e ilegal porque acá hubo diputados que hablaron al principio que dan cuenta de un texto que se va a debatir, pero sobre el que una inmensa cantidad de diputados y diputados que no tenemos la menor idea de cuál es”, recriminó.

También cuestionó que temas de la ley ómnibus como la reforma laboral y la eliminación de la moratoria previsional no hayan tenido el debate en las comisiones correspondientes (Legislación del Trabajo y Previsión Social, respectivamente).

En ese sentido, el diputado trotskista expresó una moción para ir a un cuarto intermedio hasta que todos los diputados del plenario tuvieran en sus manos el texto del proyecto del oficialismo.

La réplica llegó de parte de la diputada del PRO Silvia Lospennato, quien le endilgó a Castillo desconocimiento del reglamento, ya que éste no permite pedir mociones en reuniones de comisión.

“Los que vamos a firmar el dictamen -que esperamos que sea de mayoría- conocemos el dictamen que vamos a firmar”, contestó, y dijo que está “muy tranquila con la legalidad de todo este proceso”.

Esta intervención generó la desaprobación de los diputados kirchneristas y de izquierda, quien expresaron su descontento haciendo sonar la mesa con sus palmas como si fuera un tambor.

“Lo que no ganen por los votos no lo van a ganar por la violencia que hagan en esta comisión”, lanzó Lospennato, desafiante.

Y al retomar el planteo de Castillo, agregó: “Nosotros tampoco conocemos el dictamen de la izquierda ni en el Unión por la Patria. Y esperamos no conocerlos, no nos interesa conocerlos”, insistió.

A su turno, Juan Manuel López (Hacemos Coalición Federal) reveló que la Coalición Cívica presentará su propio dictamen, aunque aclaró que comparte muchos aspectos de la ley ómnibus del Gobierno.

“Tenemos que terminar con una ley que empezó el 27 de diciembre que el oficialismo decidió mandar a comisión el 5 de febrero. Ya pasaron cuatro meses y medio y todavía el Congreso no sacó una sola ley. Este Congreso está en deuda”, se quejó.

“Espero que algún producto decente saquemos lo antes posible”, y señaló que es necesario para que Milei ya “no tenga excusas”.

Por su parte, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, invitó a los diputados de la oposición a firmar el dictamen del oficialismo.

“Es una ley que le da va a dar más libertad a los argentinos. Es una ley que le va a dar más herramientas al presidente Milei para cumplir con el mandato que le dieron los argentinos”, enfatizó el cordobés.

“Vamos a realizar una reforma profunda del Estado y se van a eliminar trabas y regulaciones que hoy están asfixiando a los argentinos. Se va a terminar con entes y organismos que no cumplen con las funciones que necesitan los argentinos y sólo generan gastos", mencionó

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó el estado de debate actual de la ley ómnibus como un “déjà vu” del proceso de discusión en los meses de enero y febrero cuando se cayó el tratamiento del primer dictamen en el recinto de la Cámara baja.

El santafesino opinó que ese dictamen había sido negociado “la mitad en el hotel Savoy y la otra mitad en un departamento de Recoleta con empresarios”.

A los diputados de la oposición que van a firmar el dictamen del oficialismo, Martínez les dijo que “digan la verdad” y admitan que el proyecto “es igual de dañino para la democracia argentina que el que teníamos en el mes de febrero”.

“Las reformas administrativas son igual de dañinas y perversas que el dictamen anterior”, añadió Martínez, que también criticó el capítulo que habilita la intervención y disolución de organismos públicos, el de privatizaciones y la reforma laboral.