El impacto de las PASO en el sistema electoral y las dudas sobre el RIGI
El analista Juan José Sagardía cuestiona la vigencia de las PASO, propone una reforma electoral para reducir costos estatales y advierte sobre las asimetrías impositivas que genera el RIGI.
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El sistema de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), implementado en 2009 por Cristina Fernández de Kirchner, reemplazó a las antiguas internas partidarias. Según el análisis de Juan José Sagardía, esta transición ocurrió ante la incapacidad de las fuerzas políticas para organizar procesos internos transparentes, debido a la falta de padrones limpios y estructuras sólidas.
Sagardía sostiene que el Estado asumió el costo operativo de estas elecciones, lo cual fue aceptado sin resistencia por los partidos. En la actualidad, muchas agrupaciones funcionan como frentes o coaliciones carentes de programas de gobierno claros, con conducciones personalistas. Un ejemplo mencionado es La Libertad Avanza (LLA), liderada por el actual presidente, que accedió al poder sin una estructura partidaria consolidada previamente.
Ante este escenario, el autor propone una reforma profunda: realizar una única elección general cada cuatro años. En este esquema, los candidatos se inscribirían de forma individual, ya sea como independientes o representando a una fracción política. El aspirante con mayor cantidad de votos sería considerado el representante genuino de la mayoría, simplificando el proceso para el ciudadano y optimizando los recursos públicos.
Esta propuesta busca evitar que el Estado deba recurrir a financiamiento externo, como créditos del FMI, para solventar los gastos electorales. Sagardía enfatiza que el control de los comicios seguiría bajo la órbita estatal, permitiendo que cada candidato designe un veedor. El objetivo es terminar con el rédito económico que obtienen diversos sectores de las campañas políticas constantes.
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El impacto del RIGI en la economía
Por otro lado, el artículo analiza el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), creado mediante la Ley Nacional Nº 27742. Este marco legal otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para atraer proyectos de gran escala, favoreciendo principalmente a empresas internacionales o multinacionales. Los incentivos incluyen la exención de retenciones y la libre disponibilidad de divisas.
El autor cuestiona la falta de información clara hacia el ciudadano de a pie sobre estos beneficios. Mientras el Gobierno celebra inversiones en Vaca Muerta, se omiten las exenciones impositivas otorgadas a las firmas beneficiarias. Sagardía concluye con un interrogante sobre la equidad, preguntándose por qué los productores e industriales locales deben afrontar costos que los grandes inversores extranjeros evitan al exportar.

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