¿El gobierno quiere monitorear las redes sociales?
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En el Boletín se publicó una licitación para contratar un servicio que analice contenidos y confeccione informes semanales; sin embargo, el alto costo del presupuesto puso fin a la iniciativa.
El Gobierno nacional hizo pública el mes pasado una licitación para contratar un servicio seguimiento y monitoreo de contenidos digitales en tiempo real que reporte a la Secretaría de Comunicación y Prensa que depende de Juan Pablo Biondi.
Según se indicó, el gobierno quería “contratar a una agencia para hacer un clipping de las redes sociales y registrar, entre otras cosas, cuántas veces mencionaban al Gobierno y a sus medidas”. Con ese objetivo, lanzaron la licitación y se presentó una sola empresa (Catapulta Digital SRL) que cobraba mucho dinero por sus servicios. Por ese motivo, se desestimó la iniciativa, se decidió “archivar el expediente”, y se decidió dar marcha atrás con el proyecto.
De acuerdo con el texto publicado en el Boletín Oficial, el objetivo era revisar “redes sociales, plataformas digitales, foros de discusión y todo otro contenido de interés” como también sitios como Reddit, Quora, Blogspot y Medium. Además, se explicitaba que el servicio debía seguir comentarios en portales de noticias.
Con los datos relevados, desde el Gobierno buscaban recibir “un informe semanal sobre los siguientes ejes: posicionamiento, tratamiento sobre la figura, audiencia alcanzada por sus comunicaciones, comparativo intersemanal e intermensual, y recomendaciones”, como también informes especiales “de impacto de casos, crisis o acciones propias de comunicación”.
Para la contratación, según el texto oficial, se buscaba una empresa, por un plazo de doce meses, que pudiera trabajar “con disponibilidad las veinticuatro (24) horas del día, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año (24/7)”.
En un primer momento, la licitación había sido adjudicada a la firma Catapulta Digital SRL por un monto de 21.600.000 pesos. Sin embargo en el texto publicado el 26 de abril se recomendó desestimar esta oferta “por ser inconveniente técnicamente”, dado que no demuestra la capacidad técnica suficiente para realizar los informes del requerimiento del servicio.
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