El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil y bajó la edad de imputabilidad a 14 años

El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801, que crea el nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina, a través del Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada de este lunes.

La normativa, impulsada por la administración del presidente Javier Milei, introduce cambios estructurales en el tratamiento penal de adolescentes y establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Con este nuevo marco legal, los adolescentes de entre 14 y 18 años podrán ser juzgados penalmente cuando cometan delitos tipificados en el Código Penal, bajo un sistema diferenciado del régimen aplicable a los adultos.

Aprobación en el Congreso

El proyecto fue aprobado por el Senado durante las sesiones extraordinarias del 27 de febrero, con 44 votos afirmativos y 27 negativos, luego de haber obtenido previamente media sanción en la Cámara de Diputados.

De esta manera, el oficialismo logró convertir en ley una de las iniciativas centrales de su agenda en materia de seguridad y justicia.

Cambios en el sistema penal juvenil

El nuevo régimen incorpora un esquema de penas graduadas que tendrá en cuenta tanto la edad del adolescente como las circunstancias del delito cometido.

Entre los puntos principales de la reforma se destacan:

• Edad de imputabilidad desde los 14 años.
• Penas máximas de hasta 15 años de prisión para delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro.
• Medidas alternativas para delitos de menor gravedad, entre ellas servicios comunitarios, prohibición de acercamiento a la víctima o monitoreo electrónico.

El nuevo sistema también contempla dispositivos socioeducativos y establecimientos especiales para adolescentes, con el objetivo de priorizar procesos de reinserción social.

Debate político y comparación regional

Durante el debate legislativo, el proyecto original del Ejecutivo proponía bajar la imputabilidad a los 13 años, aunque finalmente se fijó en 14 años tras negociaciones con bloques aliados como PRO y UCR.

Con esta modificación, Argentina se alinea con varios países de la región donde la imputabilidad comienza a los 14 años, mientras que en otros casos el límite se ubica incluso en los 12 años, aunque con regímenes socioeducativos específicos.

La promulgación de la ley marca un cambio profundo en el sistema penal juvenil argentino, que hasta ahora se regía por una normativa vigente desde 1980.