El Gobierno nacional dispuso el cierre de 13 registros del Automotor en la provincia de Santa Fe

El gobierno nacional oficializó este jueves el cierre de 72 registros seccionales del Automotor en todo el territorio argentino. La medida, que impacta directamente en 13 dependencias de la provincia de Santa Fe, fue establecida a través de la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, bajo la firma del ministro Juan Bautista Mahiques.

La normativa dispone la supresión definitiva de 67 registros y el cierre operativo de otras cinco sedes cuya eliminación ya había sido resuelta previamente. La Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor cuenta con un plazo "improrrogable de sesenta (60) días hábiles" para ejecutar el proceso de clausura y reasignación de legajos.

Esta decisión se enmarca en el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral, impulsado por la cartera de Justicia desde el mes de julio. El objetivo central es la "supresión, concentración o reorganización de oficinas" para optimizar los recursos estatales, garantizando, según el Gobierno, que el acceso de los ciudadanos a los servicios registrales no se vea afectado.

En el territorio santafesino, la medida afecta a oficinas con competencias especializadas en maquinaria agrícola, vial e industrial y créditos prendarios. Entre las localidades alcanzadas se encuentran Chañar Ladeado, Esperanza, Las Rosas, Rufino, San Carlos Centro, San Justo, Santa Fe N° 2 y Vera. También se incluyen sedes en Firmat, Melincué, María Teresa, Venado Tuerto, San Genaro, Totoras y el registro de motovehículos de Rafaela.

Es importante destacar que esta resolución profundiza la reorganización iniciada el pasado 31 de agosto. En aquella instancia, la Resolución 411/2026 había dispuesto la absorción de 35 dependencias santafesinas. Sin embargo, ahora se da la particularidad de que registros que habían recibido nuevas competencias hace apenas dos meses, como los de Rafaela, Firmat, María Teresa y San Genaro, deberán cerrar sus puertas definitivamente.

La Dirección Nacional deberá realizar las tareas administrativas, documentales e informáticas para trasladar los dominios a las oficinas que permanezcan operativas. Aunque el Gobierno sostiene que este esquema permitirá una utilización "más eficiente de los recursos disponibles", todavía resta definir qué sedes absorberán la demanda y cómo se organizará la atención presencial para los usuarios afectados por estos cambios.