El Gobierno justificó la restricción a periodistas en Casa Rosada por una denuncia de “espionaje ilegal”
El secretario de Prensa, Javier Lanari, aseguró que la quita de huellas dactilares a cronistas acreditados fue una medida preventiva tras una denuncia de Casa Militar. La decisión generó fuerte rechazo entre trabajadores de prensa y entidades periodísticas.
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El Gobierno nacional explicó este jueves que la restricción impuesta a periodistas acreditados en la Casa Rosada respondió a una denuncia de Casa Militar por presunto “espionaje ilegal”. La versión oficial fue difundida por el secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, quien sostuvo que la medida se adoptó de manera preventiva y con el objetivo de “garantizar la seguridad nacional”.
La decisión se tradujo en la deshabilitación del sistema de ingreso por huella dactilar que utilizaban los cronistas acreditados para acceder a sus espacios habituales de trabajo dentro de la sede del Poder Ejecutivo. Según reportaron medios nacionales e internacionales, la restricción alcanzó a todos los periodistas acreditados y derivó también en el cierre transitorio de la sala de prensa.
Lanari publicó en su cuenta de X una aclaración en la que afirmó que la decisión fue tomada “de manera preventiva” luego de la denuncia presentada por Casa Militar. Sin embargo, no precisó hasta cuándo se mantendrá la medida ni detalló el alcance concreto de la investigación que la motivó.
De acuerdo con las versiones periodísticas que circularon este jueves, el episodio estaría vinculado a una filmación presuntamente no autorizada realizada dentro del edificio gubernamental y atribuida a un equipo periodístico de TN, que habría utilizado anteojos inteligentes para registrar imágenes en sectores internos de la Casa Rosada. Esa situación habría derivado en la denuncia por parte de Casa Militar.
La medida generó una inmediata reacción de rechazo entre periodistas acreditados, que por la mañana denunciaron públicamente que no pudieron ingresar a su lugar de trabajo al no reconocerles el sistema las huellas digitales. También hubo cuestionamientos desde organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de prensa, que interpretaron la decisión como una señal preocupante en la relación entre el Gobierno y los medios.
El episodio se produjo en un contexto de alta tensión entre la administración de Javier Milei y el periodismo, una relación que desde el inicio del mandato ha estado marcada por cruces públicos, cuestionamientos del oficialismo y denuncias de distintos sectores sobre restricciones al trabajo de la prensa.
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