El Gobierno impulsa cambios en la ley de expropiaciones tras el fallo por YPF

Tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos favorable a la Argentina en el caso YPF, el presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de un proyecto para modificar la ley de expropiaciones, con el objetivo de evitar situaciones similares en el futuro.

Expropiaciones solo en casos excepcionales

La propuesta oficial apunta a restringir los procesos de expropiación a situaciones “estrictamente excepcionales”, reforzando el principio de protección de la propiedad privada.

Desde el Gobierno sostienen que la falta de previsibilidad jurídica afectó la llegada de inversiones en el pasado, por lo que buscan establecer reglas más claras y reducir la discrecionalidad estatal.

Cómo se calcularán las indemnizaciones

Uno de los ejes centrales del proyecto es la redefinición de los criterios de compensación económica.

La iniciativa establece que:

• El valor del bien se determinará según su precio de mercado antes del anuncio de expropiación.
• Se requerirán al menos dos tasaciones independientes.
• El monto será actualizado por inflación mediante el índice del INDEC.
• Se aplicará un interés anual del 6% hasta el pago total.

Además, la indemnización deberá abonarse en efectivo —salvo acuerdo entre las partes— y la transferencia del bien solo se concretará una vez realizado el pago completo.

Cambios en los alcances de la compensación

El proyecto aclara que la compensación cubrirá el valor real del bien y los daños directos derivados de la expropiación, pero excluye:

• Ganancias futuras o hipotéticas
• Factores personales o subjetivos
• Incrementos de valor por obras posteriores

Asimismo, se establece que la indemnización estará exenta de impuestos.

Limitaciones a ocupaciones temporales

La iniciativa también introduce restricciones a las ocupaciones temporales:

• Solo podrán ser dispuestas por el Poder Ejecutivo
• Tendrán un plazo máximo de 60 días
• No podrán ser prorrogadas ni reiteradas
• Deberán ser compensadas por los daños ocasionados

Objetivo: mayor seguridad jurídica

El proyecto, impulsado también por el ministro Federico Sturzenegger, busca reducir la “inseguridad jurídica” y generar condiciones más previsibles para la inversión y el desarrollo económico.

Según planteó el oficialismo, la reforma intenta evitar que decisiones de expropiación generen costos millonarios para el Estado y afecten la confianza de los mercados, como ocurrió en el litigio por YPF.