El Gobierno autorizó el derribo de aeronaves hostiles por la visita del papa León XIV
El Poder Ejecutivo habilitó mediante el Decreto 1334/2026 el uso de la fuerza aérea como último recurso para proteger los actos del Sumo Pontífice en el país durante noviembre.
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El gobierno nacional oficializó este miércoles, a través del Decreto N° 1334/2026 publicado en el Boletín Oficial, una medida de seguridad excepcional ante la inminente llegada del papa León XIV. La normativa establece un protocolo estricto para el control del espacio aéreo durante las actividades que el Sumo Pontífice encabezará entre el 8 y el 11 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Luján.
La disposición amplía las Reglas de Protección Aeroespacial vigentes desde el año 2016. La modificación central habilita a los medios del Sistema de Defensa Aeroespacial a emplear la fuerza para el derribo o destrucción de vectores que sean declarados como hostiles. Según el texto legal, esta acción extrema se aplicará únicamente como último recurso para anular la capacidad de vuelo de aeronaves que representen una amenaza directa.
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Para proceder con el uso de armas, la norma exige la comprobación fehaciente de un acto hostil. Esto incluye supuestos como ataques armados o la amenaza inminente de utilizar una aeronave como arma contra personas, intereses vitales de la Nación u objetivos estratégicos. El Decreto detalla indicios claros, como la presencia de armamento o trayectorias que, pese a las advertencias, resulten compatibles con una intención de ataque.
La responsabilidad operativa recaerá sobre el comandante conjunto Aeroespacial, quien dirigirá la respuesta ante posibles incursiones. No obstante, la orden final para el empleo de armas deberá contar con la aprobación expresa del ministro de Defensa, Carlos Presti. Esta facultad fue delegada específicamente por el presidente Javier Milei para garantizar la seguridad durante el operativo especial de los próximos días.
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En el plano logístico, el Comando Conjunto Aeroespacial coordinará acciones con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Si bien no se dictó una prohibición general de vuelos, las autoridades podrán graduar limitaciones, desviar aeronaves civiles o aplicar niveles de control integral. Los gastos derivados de este despliegue serán cubiertos por partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto.

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