El Gobierno analiza nuevas apelaciones tras el fallo adverso por Aerolíneas Argentinas
La Justicia estadounidense ratificó la validez temporal del reclamo impulsado por Titan Consortium y mantuvo la ejecución de un laudo superior a los 390 millones de dólares. Desde la Procuración del Tesoro aseguraron que todavía estudian alternativas para revertir o reducir el impacto de la sentencia.
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El Gobierno nacional afirmó que continuará con la defensa judicial de la Argentina luego de que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia rechazara un recurso relacionado con la estatización de Aerolíneas Argentinas.
La resolución favoreció a Titan Consortium 1 LLC, fondo que adquirió los derechos económicos de un laudo arbitral originado en la expropiación de las participaciones que empresas españolas tenían en Aerolíneas Argentinas y Austral.
“Vamos a seguir dando pelea”, señalaron fuentes del Ejecutivo, mientras la Procuración del Tesoro de la Nación analiza las herramientas procesales disponibles para intentar revertir el resultado o, al menos, mitigar sus consecuencias económicas.
Qué resolvió la Justicia estadounidense
La apelación presentada por la Argentina se concentró en determinar cuál era el plazo de prescripción aplicable para ejecutar el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El Estado sostenía que Titan había presentado su reclamo fuera de término y que debía aplicarse un plazo de tres años. Sin embargo, la Cámara confirmó que corresponde utilizar el período de 12 años previsto para la ejecución de sentencias monetarias en el Distrito de Columbia.
De esta manera, el tribunal ratificó la decisión de primera instancia y consideró que la presentación realizada por Titan en 2021 fue oportuna. La Cámara no volvió a analizar el fondo de la expropiación, sino específicamente la discusión sobre el plazo para ejecutar el laudo.
El origen del reclamo
El conflicto se remonta a 2008, cuando el Estado argentino tomó el control de Aerolíneas Argentinas y Austral, que se encontraban bajo la órbita de compañías vinculadas con el grupo español Marsans.
Las firmas inversoras iniciaron posteriormente un arbitraje internacional al considerar que la operación había vulnerado el tratado bilateral de inversiones firmado entre la Argentina y España.
En julio de 2017, el CIADI ordenó al país pagar USD 320.760.000, además de honorarios, costas e intereses acumulados desde 2008. La Argentina solicitó la anulación del laudo, pero ese planteo fue rechazado en mayo de 2019.
Los derechos de cobro fueron transferidos posteriormente a Titan Consortium, que acudió a los tribunales estadounidenses para obtener el reconocimiento y la ejecución de la resolución.
La sentencia de primera instancia reconoció una deuda cercana a USD 390,9 millones a diciembre de 2024, a la que deben añadirse los intereses generados desde entonces.
Qué alternativas evalúa el Gobierno
El equipo jurídico argentino analiza los próximos pasos después de la decisión adversa.
Entre las posibilidades se encuentra solicitar una nueva revisión ante el conjunto de jueces de la Cámara, mediante una presentación conocida como rehearing en banc. En caso de que esa vía no prospere, también podría evaluarse una petición ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Estas herramientas son de carácter extraordinario y su presentación no garantiza que los tribunales acepten volver a estudiar el expediente.
Desde el Gobierno insistieron en que la causa todavía no está completamente cerrada. “No nos quiten las espadas antes de que terminemos de pelear”, expresaron fuentes oficiales al referirse a las instancias que permanecen bajo análisis.
La situación actual de Aerolíneas Argentinas
El nuevo revés judicial se conoce mientras el Gobierno sostiene un proceso de reorganización financiera y operativa de la empresa estatal.
Aerolíneas Argentinas informó que cerró 2025 con un superávit operativo de USD 112,7 millones, frente a los USD 56,6 millones obtenidos durante el ejercicio anterior.
La compañía aseguró además que fue el primer año desde su reestatización en el que no recibió transferencias del Tesoro Nacional para financiar sus operaciones.
Este resultado empresarial no modifica el litigio internacional, que se encuentra vinculado con las condiciones en las que se realizó la estatización de 2008 y con el cumplimiento del laudo arbitral.
Un expediente que todavía puede sumar nuevos capítulos
La decisión de la Cámara dejó firme, por el momento, la aplicación del plazo de 12 años y reforzó la posición de Titan para intentar cobrar la sentencia en Estados Unidos.
La Procuración del Tesoro deberá resolver ahora si solicita una revisión extraordinaria, recurre al máximo tribunal estadounidense o explora otras alternativas para negociar o disminuir el impacto económico.
Mientras tanto, la obligación reconocida continúa acumulando intereses y representa un nuevo frente judicial para el Estado argentino en tribunales internacionales.
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