Se cumple el primer período de tres años que impone la ley y la actualización es superior al 100%, en medio de un mercado con oferta cada vez más restringida.

A partir de mañana el valor de los alquileres se duplicarán para aquellos inquilinos que firmaron contratos con renovaciones desde el 1° de julio.

En este caso, la fecha del 1° de julio de 2023 resulta icónica porque coincide con el primer período de vigencia de la controvertida Ley de Alquileres que fija un plazo mínimo de tres años para celebrar un contrato de locación de vivienda para residencia.

Con la puesta en vigencia de esta ley el 1° de julio de 2020, se estableció que las actualización de los valores se realicen una vez por año por el Índice de Contrato de Locación (ICL).

Este índice es informado día a día por el Banco Central en base a una relación que incluye la inflación y la evolución de los salarios.

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De esta forma, un inquilino que inició su contrato con la puesta en vigencia de la ley el 1° de junio de 2020 a $50.000 a partir de mañana tendrá que pagar $226.000.

Si, por ejemplo, lo firmó el 1° de julio de 2022 por $100.000 desde mañana abonará $203.000 ya que el porcentaje de ajuste por el ICL es del 103%.

Tanto el plazo mínimo de tres años de contrato como la metodología de actualización, son las razones que hicieron fracasar la ley que buscaba proteger a los inquilinos de supuestos abusos de propietarios e inmobiliarias.

Sin embargo, la norma resultó un boomerang porque terminó restringiendo la oferta y una estampida de los precios, además de un giro de los propietarios hacia plataformas que ofrecen servicios para turistas.

Ante el visible fracaso de la ley, hubo diferentes intentos en el Congreso Nacional para su modificación pero no hubo acuerdo y persiste generando innumerables inconvenientes.

Hasta este momento, la ley sólo cuenta con el aval de cuestionables asociaciones que dicen representar a inquilinos aunque sin demostrar ninguna legitimidad.

Semanas atrás, el Ministerio de Economía dejó trascender que el Gobierno iba a frenar la aplicación de la ley pero quedó en un anuncio sin concreción.