Debate por financiamiento universitario y presupuesto 2027 en el Congreso

La Ley 27.795 de financiamiento de la Educación Universitaria y recomposición salarial docente, publicada el 21 de octubre de 2025, se convirtió en el eje central del debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Durante la jornada de este martes, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendieron el capítulo educativo del proyecto de presupuesto 2027 ante los legisladores.

La presencia de ambos funcionarios, dependientes del Ministerio de Capital Humano, ocurrió pocos días después de la quinta marcha federal universitaria. El reclamo por el incumplimiento de la norma es sostenido por el Consejo Nacional Universitario (CIN), que agrupa a rectores de todo el país. La ley, que busca garantizar el sostenimiento del sistema público, ha enfrentado un complejo derrotero legislativo que incluyó vetos presidenciales y una posterior ratificación parlamentaria con amplia mayoría.

El camino legislativo y la intervención judicial

El proceso comenzó en 2024 con la Ley 27.757 de emergencia presupuestaria, que fue vetada por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 879/2024. Posteriormente, un nuevo proyecto fue sancionado y nuevamente vetado por el Decreto 647/2025. Finalmente, el 2 de octubre de 2025, el Senado confirmó la vigencia de la ley con 58 votos, superando los dos tercios necesarios para dejarla firme ante el Poder Ejecutivo.

En el ámbito judicial, la situación es tensa. En diciembre de 2025, la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal dictó una medida cautelar ordenando el cumplimiento de la recomposición salarial y la asistencia estudiantil. En marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones ratificó esta decisión. El 6 de octubre de 2026, un fallo de primera instancia declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, que condicionaba la aplicación de la ley, ordenando al Gobierno su ejecución inmediata.

A pesar de estos fallos, el conflicto persiste. El Estado nacional apeló la sentencia y el expediente fue elevado a la Cámara de Apelaciones. Este martes, dicho tribunal habilitó una nueva apelación del Gobierno contra la medida cautelar. Los jueces aclararon que esta decisión no implica adelantar opinión sobre el cumplimiento de la norma, manteniendo la disputa en instancias judiciales mientras se discute la ejecución de multas diarias al Poder Ejecutivo.

La postura del interbloque Unidos

Previo a la exposición de los funcionarios, 19 diputados del interbloque Unidos presentaron una nota dirigida a Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión. En el documento, los legisladores rechazaron el apartado educativo del presupuesto 2027. Argumentan que el proyecto ignora la ley vigente y presenta un déficit del 32% respecto a las necesidades reales de las universidades nacionales, calificando esta situación como una decisión política de desarme del sector.

La nota, firmada por referentes como Nicolás Massot, Miguel Pichetto, Martín Lousteau y Gisela Scaglia, entre otros, exige la comparecencia urgente de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli. Los diputados sostienen que no es posible debatir un presupuesto que vulnera la división de poderes y desconoce una manda ratificada por el Congreso Nacional hace 357 días.