Cristina Kirchner llevó la causa Vialidad a la ONU y pidió suspender su inhabilitación
La defensa de la expresidenta presentó un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Solicitó medidas vinculadas con la prohibición perpetua para ejercer cargos públicos y las condiciones de su prisión domiciliaria, mientras cuestionó la actual integración de la Corte Suprema.
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La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para cuestionar la condena firme que recibió en la causa Vialidad y solicitar medidas mientras el organismo internacional analiza el planteo.
Los abogados Javier Borrego, Carlos Beraldi y Rafael Valim explicaron este miércoles que pidieron, entre otros puntos, la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una revisión de las condiciones bajo las cuales la expresidenta cumple su pena de prisión domiciliaria. También formularon cuestionamientos sobre el funcionamiento de la Corte Suprema con tres integrantes.
Cristina Kirchner cumple una condena firme de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025, según consta en actuaciones oficiales del Poder Judicial.
Un trámite que podría extenderse durante años
Los representantes legales aclararon que el planteo internacional no tendrá una resolución inmediata. Según explicaron, las solicitudes de medidas provisionales podrían recibir una respuesta en los próximos meses, mientras que el análisis de fondo podría extenderse durante años.
La próxima sesión del Comité de Derechos Humanos está prevista entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre de 2026, según el calendario oficial de Naciones Unidas. Esto no implica, sin embargo, que el expediente de Cristina Kirchner necesariamente sea resuelto durante ese período.
El Comité está integrado por 18 expertos independientes y supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A través de su mecanismo de comunicaciones individuales puede examinar denuncias contra Estados que aceptaron ese procedimiento y, cuando considera que existe riesgo de un daño irreparable, solicitar medidas provisionales mientras estudia el caso. Naciones Unidas sostiene que los Estados parte deben cooperar de buena fe con esos requerimientos.
Desde la defensa de la exmandataria sostienen que durante el proceso judicial se vulneraron sus derechos y califican la inhabilitación como una forma de “proscripción”. La condena, mientras tanto, continúa vigente en la Argentina y el planteo ante la ONU abre ahora una nueva instancia internacional sobre el caso.
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