Confirmaron el procesamiento de Diego Spagnuolo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad
La Cámara Federal porteña ratificó la medida contra el ex titular de la ANDIS y otros 18 acusados por una red de corrupción en la compra de medicamentos de alto costo.
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La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de una investigación por presuntos sobornos, sobreprecios y direccionamiento de contrataciones en la compra de medicamentos de alto costo. La resolución judicial abarca el periodo comprendido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, afectando a sectores vulnerables que debían recibir dichos insumos.
Los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah ratificaron además los procesamientos de otros 18 implicados, entre ellos el lobista Miguel Angel Calvete y su hija, Ornella Calvete, ex funcionaria del Ministerio de Economía. Según la resolución, se dio por acreditada la existencia de una asociación ilícita conformada por funcionarios públicos y particulares para defraudar al Estado.
La investigación, que ahora se encuentra bajo la subrogancia del juez Ariel Lijo, sostiene que los acusados manipulaban el sistema de compras SIIPFIS para favorecer a droguerías vinculadas a la organización. Mediante la simulación de competencia y el uso de oferentes pantalla, se direccionaban las licitaciones a cambio de retornos que oscilaban entre el 3% y el 15%.
El fallo judicial destaca que Diego Spagnuolo tuvo una intervención activa en el esquema delictivo, proporcionando herramientas desde su cargo para beneficiar a empresas como Indecomm SRL, Resposane Salud SA y Bymax Medical SRL, entre otras. Como ejemplo del perjuicio económico, los magistrados señalaron que una misma droga fue adjudicada a 21.000.000 de pesos en abril y mayo, elevándose a 25.012.000 de pesos en julio de 2025.
La causa se originó tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, donde se mencionaba un esquema de pagos ilegales que involucraría a altos funcionarios del Gobierno nacional. Aunque la defensa planteó la nulidad por la supuesta ilegalidad de las grabaciones, los camaristas rechazaron el pedido y confirmaron que se encuentra en curso una pericia para verificar la identidad del interlocutor.
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