El 23 de marzo pasado venció el plazo para acogerse a la moratoria previsional, por la cual personas que no habían alcanzado la cantidad de años suficientes para acceder a la jubilación podían acogerse a ese beneficio.

No es el único tema que preocupa y ocupa al sector pasivo: también lo es el monto que cobra cada mes y el valor inamovible del bono de 70 mil pesos que perciben como complemento de los haberes mínimos; una suma extra que se mantiene congelada desde marzo de 2024.

En la Cámara de Diputados el tema se va a poner en debate el próximo 9 de abril, desde las 10, cuando se reúna la comisión de Previsión y Seguridad Social que preside la cordobesa Gabriela Brouwer De Koning (UCR).

Será un miércoles, día de la habitual marcha de jubilados que en las últimas semanas, con la suma de hinchadas de equipos de fútbol, sindicatos y organizaciones sociales, cobró un nuevo protagonismo puertas afuera del Congreso y derivó en episodios de violencia, incluida la agresión al fotorreportero Pablo Grillo, herido de gravedad por el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno.

Además, si se mantiene el día de reunión, será en la previa al paro nacional convocado por la CGT.

De máximas y mínimas

"El sistema previsional argentino refleja profundas desigualdades e injusticias, que impactan directamente en la calidad de vida de millones de jubilados y pensionados. Mientras algunos sectores acceden a haberes previsionales privilegiados, otros reciben ingresos que no garantizan una cobertura digna, lo que evidencia la necesidad de rediseñar las reglas del sistema para hacerlo más sostenible y equitativo", publicó la legisladora al momento de hacer la convocatoria a la reunión de abril.

Esta tiene el objetivo de "empezar con el debate que atañe a los desafíos y desigualdades que enfrenta nuestro sistema previsional y avanzar en las reformas necesarias para construir un esquema más justo y equitativo".

Son 29 proyectos los que se pondrán a consideración en la oportunidad, aunque no todos tienen que ver con la necesidad de actualizar los haberes mínimos.

Prácticamente, hay propuestas de todo el arco político y van desde eliminar el goce de haberes vitalicios a empleados o funcionarios que durante el tiempo de servicio hubieren cometido delitos, hasta derogar jubilaciones y pensiones de privilegio, pasando por modificar leyes sobre beneficios económicos y previsionales no contributivos a favor de determinados miembros del clero católico;

Varios de los proyectos que se pondrán en debate en la comisión proponen la prórroga por dos años de la moratoria previsional.

Un intento en 2024
 

En agosto del año pasado, el Senado de la Nación convirtió en ley un proyecto previamente aprobado por Diputados que, entre otras cosas, estipulaba un aumento en las jubilaciones, nuevas herramientas de cálculo y la cancelación de deudas tanto con cajas provinciales como con beneficiarios que tengan fallos favorables.

El proyecto estableció una actualización mensual de las jubilaciones en base al último dato disponible de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir la inflación, que publica a mitad de cada mes el Indec. En ese punto coincidía, y le otorgaba rango legal, con la pauta que definió el DNU 274/2024, que comenzó a aplicarse en abril.

Pero añadió una compensación extra del 8, 1 % para todos los jubilados para que los haberes recuperen lo perdido en ese momento, cuando se otorgó un 12,5% de recomposición, por debajo del 20,6% de inflación de enero de 2024, mes que el gobierno dejó fuera para la actualización de su fórmula.

Police officers stand guard behind a security fence at the National Congress, as Argentine workers, and social movements join the weekly protest of retirees against Argentinian President Javier Milei's adjustment policies, in Buenos Aires, Argentina March 19, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian
Varios de los proyectos que se pondrán en debate en la comisión proponen la prórroga por dos años de la moratoria previsional. Credito: REUTERS/Agustin Marcarian

La ley establecía también que el haber mínimo sea el equivalente al 1,09 del valor de la Canasta Básica Total (CBT) de un adulto equivalente del Indec, y añadía una base de cálculo para mejorar las remuneraciones por encima de la inflación si se registraba crecimiento económico.

La norma fue vetada por el Poder Ejecutivo, y la oposición, dividida, no logró los dos tercios para rechazar el veto en la Cámara de Diputados y sostener la ley; en una sesión que tuvo como marco una fuerte movilización en las afueras del Congreso, en una medida de protesta que desde entonces se reeditó todos los miércoles, y que a principios de marzo de este año derivó en cruentos enfrentamientos y represión policial.


Nancy Balza - El Litoral