Causa Vialidad: embargaron el departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria
El Tribunal Oral Federal N.º 2 alcanzó con nuevas medidas al inmueble de San José 1111 y a otras propiedades y activos vinculados a la familia Kirchner. Los jueces avanzan con el proceso de decomiso destinado a cubrir el perjuicio patrimonial fijado en la causa. El embargo no implica un remate inmediato.
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El Tribunal Oral Federal N.º 2, encargado de ejecutar las penas dictadas en la causa Vialidad, ordenó nuevos embargos sobre propiedades y activos, entre ellos el departamento ubicado en San José 1111, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria.
La medida forma parte del proceso con el que la Justicia busca avanzar sobre bienes destinados a cubrir los $685.000 millones establecidos como perjuicio patrimonial al Estado dentro del expediente.
El tribunal aclaró que el embargo no supone el remate inmediato de los inmuebles ni modifica en esta etapa su titularidad. La decisión establece su indisponibilidad jurídica para impedir que puedan ser vendidos, transferidos o gravados mientras se define el decomiso.
Una segunda etapa sobre los bienes
Los jueces ya habían avanzado previamente con una primera etapa que alcanzó a 111 bienes, actualmente sometidos a procesos de tasación.
La nueva resolución amplía las medidas sobre otros activos cuya incorporación había sido solicitada en febrero por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Además del departamento de San José 1111, quedaron alcanzados un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera del complejo Madero Center, en Puerto Madero, vinculados a la familia Kirchner a través de sociedades comerciales. También fueron incluidos diferentes inmuebles ubicados en Santa Cruz.
Propiedades en El Calafate, Río Gallegos y El Chaltén
Entre los bienes alcanzados aparece el terreno donde se encuentra el Hotel La Aldea del Chaltén, además de propiedades situadas en El Calafate y Río Gallegos.
La resolución comprende también el chalet de Cristina Kirchner ubicado sobre la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner, junto con otras viviendas situadas en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso fundamentaron además la extensión de las medidas patrimoniales sobre bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner, quienes no fueron condenados en la causa Vialidad.
Según la argumentación del tribunal, la sentencia estableció que las maniobras investigadas generaron beneficios económicos directos para el empresario Lázaro Báez e indirectos para integrantes de la familia Kirchner, en el marco de las relaciones comerciales analizadas durante el juicio.
Bienes de empresas y vehículos
La medida también alcanza a propiedades pertenecientes a firmas relacionadas con Báez.
Entre ellas aparecen cuatro inmuebles de la constructora Kank y Costilla, además de otra propiedad ubicada en Río Gallegos cuya adquisición quedó incorporada al análisis judicial.
Asimismo, el tribunal dispuso la reinscripción de embargos sobre distintos vehículos pertenecientes a personas condenadas en el expediente.
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La lista incluye un Honda CR-V de Cristina Kirchner; un Ford Mondeo, un BMW 630, un Chrysler Coupe y un Torino de Lázaro Báez; un bote y un Chevrolet Meriva de José López; una Land Rover Defender de Mauricio Collareda; una Dodge Journey de José Raúl Santibáñez y un Fiat 600 de Nelson Periotti.
La Justicia puso la lupa sobre fondos de Florencia Kirchner
En paralelo, el TOF N.º 2 ordenó al Banco Galicia que informe de manera urgente sobre una caja de seguridad y dos cuentas, una en pesos y otra en dólares, pertenecientes a Florencia Kirchner.
La entidad recibió un plazo de 24 horas para responder al requerimiento judicial.
El fiscal Diego Luciani había solicitado que US$5.656.134 pertenecientes a Florencia Kirchner y actualmente embargados también sean considerados dentro del conjunto de bienes sobre los que pretende avanzar la ejecución.
La nueva resolución forma parte de una etapa patrimonial de la causa Vialidad destinada a identificar, tasar y eventualmente decomisar bienes hasta cubrir el monto fijado judicialmente, aunque cada activo deberá atravesar los procedimientos correspondientes antes de una eventual ejecución definitiva.

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