Caso Jeremías Monzón: Bullrich aseguró que buscan “que haya consecuencias” para los menores involucrados
La senadora se reunió con la familia de la víctima y confirmó gestiones con abogados y la fiscal general de Santa Fe para evitar que el crimen quede sin respuesta institucional
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La senadora nacional Patricia Bullrich afirmó que se están evaluando alternativas legales para que “haya consecuencias” para los menores acusados del homicidio de Jeremías Monzón, ocurrido en la ciudad de Santa Fe. La dirigente señaló que mantuvo conversaciones con abogados y con la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, con el objetivo de que el caso no quede impune.
“Ya estuvimos hablando con los abogados y con la fiscal general de Santa Fe para que haya consecuencias y no sea como si nada hubiera pasado”, expresó Bullrich en declaraciones a la prensa, al referirse a la situación judicial de los menores involucrados en el crimen.
La senadora recordó que durante 2025 existían condiciones políticas para avanzar con la baja de la edad de imputabilidad, pero que el proyecto no prosperó en el Congreso. “La ley penal no es retroactiva, pero eso no significa que el Estado no tenga que dar una respuesta”, remarcó.
Reunión con la familia y reactivación del debate legislativo
Las declaraciones de Bullrich se produjeron luego de un encuentro con la familia de Jeremías Monzón en el Senado. La reunión estuvo atravesada por el reclamo de justicia de los familiares y por el impacto social que generó el caso, que volvió a poner en el centro de la agenda la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil.
“Cualquier mamá a la que le torturan y le matan a su hijo de esta manera vive algo imposible de describir”, sostuvo la legisladora, tras escuchar el testimonio de la madre de la víctima.
En ese marco, Bullrich afirmó que el Gobierno nacional decidió reimpulsar el debate legislativo. “No podemos seguir teniendo Jeremías asesinados por otros menores, menores que matan y vuelven a su casa como si no hubiera pasado nada”, enfatizó.
La iniciativa oficial apunta a reformar el régimen vigente y reabrir la discusión sobre la edad de imputabilidad, un tema que genera fuertes posiciones encontradas en el ámbito político, judicial y social.

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