ARA San Juan: la Justicia citó a Mauricio Macri a indagatoria y le prohibió su salida del país
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Un dato que remarcó el juez es la visita de Macri al Golf Club de Mar del Plata en julio de 2018 donde se presentaron familiares de tripulantes queriendo hablar con él, y les fue negado el acceso por agentes de la AFI.
La Justicia federal de Dolores citó a indagatoria al expresidente Mauricio Macri por presunto espionaje a familiares de tripulantes del hundido submarino ARA San Juan, en noviembre de 2017. La acusasión fue hecha luego de iniciar las investigaciones que apuntaban a una responsabilidad de organismos del Estado por el mal estado de la navegación.
La acusación es por haber ordenado, permitido, organizado y ejecutado la "realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley" entre diciembre de 2017 y fines del año 2018.
Concretamente, se sospecha que ordenaron recolectar información por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos de los familiares, y de los integrantes del buque "El Repunte" y el buque "Rigel".
En la denuncia hecha en septiembre del año pasado por la interventora de la AFI Cristina Camaño, el juez también procesó a un grupo de espías que cumplían funciones en la Base Mar del Plata, dependiente de la Dirección de Reunión Interior de la Agencia Federal de Inteligencia.
La acusación contra Macri, tal cual lo denunció la interventora, es por ser el "responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional". Según la sospecha, las tareas de inteligencia "respondieron a una orden directa emanada del Poder Ejecutivo Nacional".
Parte de las tareas ahora imputadas también tiene que ver con seguimientos a familiares de víctimas del submarino hundido, una de las cuales fue en enero de 2018. Incluso, el juez recordó que familiares dijeron haber tenido problemas con sus teléfonos celulares y sus correos electrónicos.
Las tareas de espionaje eran también a través de infiltrados en las marchas que hacían los familiares, pero también a través del cyber patrullaje. Sin embargo, el juez aclaró que las mismas nada tenían que ver sobre el "riesgo para la seguridad interior o la defensa nacional o la investigación de delitos federales complejos".
Los familiares de tripulantes, en su mayoría mujeres recalcó el juez, "se encontraban en una clara situación de vulnerabilidad frente a esos sucesos, mientras los organismos del propio Estado ante sus reclamos de justicia, lejos de protegerlas y actuar con debida diligencia, las espiaba ilegalmente".
Las "acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu proprio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri”, determinó el magistrado en su fallo.
"La gravedad de los hechos aquí ventilados constituye no solo una conculcación al sistema democrático, sino que vulnera los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado Argentino, por inmiscuirse en la vida privada e intimidad de éstas mujeres y de las familias que estaban atravesando uno de los mayores golpes de su vida, como es la desaparición de un ser querido. Todo ello como consecuencia de haber ejercido sus derechos de peticionar ante las autoridades para saber qué pasó en verdad con sus familiares”, determinó.
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