Muchas veces el reclamo popular puede torcer las malas decisiones de quienes representan políticamente a la sociedad y parece que eso es lo que está sucediendo con el avance del Gobierno Nacional sobre una empresa privada, por sobre un proceso judicial iniciado, donde a pesar de haber empezado a regir una intervención, ya cuenta con la anuencia del juez Fabián Lorenzini.

En un concurso preventivo de acreedores que no va a frenar su camino hasta el 25 de agosto, pero ya con una alivianamiento de la carga luego de la reunión que anoche en la Quinta de Olivos tuvo al Presidente de la Nación, junto al gobernador Omar Perotti; y los directivos de Vicentín, encabezados por Sergio Nardelli, el hasta el momento gerente general de la firma, además de otros funcionarios nacionales, se entiende que la intención de la expropiación posterior pasaría a un tercer plano.

La voluntad viró a la corrección del avance intempestivo del Ejecutivo, hacia una empresa con participación de YPF Agro, para compensar así la deuda contraída con el Estado, e incluso se maneja la alternativa de coordinar con cooperativas la futura administración de la firma con base en Avellaneda, en el norte de nuestra provincia. Por las declaraciones de Omar Perotti, de ayer, se entiende que la expropiación quedaría como última salida en el trabajo de “salvataje” de la empresa. Esta actitud también calma los rumores políticos en el ámbito provincial y sobre todo en el ala productiva del Gobierno.

Tomando datos que son de público conocimiento, ya que por la mediatización y politzación de este proceso judicial que atraviesa Vicentín, el expediente de la causa se puede consultar de manera remota y de una forma más detallada que cualquier otro de este estilo. Es por eso que hicimos una cuenta aproximada de la deuda de la empresa que afecta a nuestro Departamento y cada una de las localidades afectadas, sobre un total del pasivo que está a poco de los cien mil millones de pesos.

Son más de 178 millones de pesos en todo el Departamento Castellanos lo que suman al pasivo reclamado y judicializado, mientras que en Rafaela se superan los 12,1 millones de pesos, según relevó Rafaela Noticias a partir del mapeo de los acreedores que hiciera el periodista Juan Chiummiento, que viene siguiendo este conflicto desde que se conociera la cesación de pagos en diciembre pasado.

A continuación el detalle por localidad y acreedor, en cuanto a la compra de granos.

Aurelia: Ariel Airaudo, 461.493,76. Plaza Saguier: Ariel Aimar, 17.590.192,46; y Pedro y José Torreano, 909.624. Colonia Cello: Germán y Javier Gallo, 668.066. Santa Clara de Saguier: Bartolo Pons SA, 21.196.211,96. Bauer y Sigel: Claudio y Heraldo Aragno, 3.304.066,27; y Fabián Gianinetti, 716.638,17. Vila: Daniel Mondino y Diego Grimaldi, 1.136.704,50; Gabriel Giorda y Javier Gómez SH, 4.543.245. Colonia Fidela: Julio César Maina, 1.801.898. Aldao: Mariano Ruatta, 1.476.223,03. Ataliva: Santa Amelia SA, 845.204,24.

Humberto Primo: Humberto 1ero Cereales SA, 194.132,24, Establecimiento María Auxiliadora SRL, 4.296.288,90; Norberto Roque Rostagno, 1.289.506, 74; y Hernán Norberto Rostagno, 2.960.984,10.Sunchales: Cooperativa Agrícola Ganadera de Sunchales Limitada 103.816.604,95. En cuanto a la compra de bienes y servicios la única acreencia de este tipo en el departamento se da con Agroindustria y Servicios G y G SRL, 99.958,79; y Transporte Don Osvaldo SRL, 53.240.

Finalmente, en Rafaela, los acreedores son Grosso Tractores SA, 636.691,02; Claudio Imoberdorf, 60.400; Domingo Sapino Limitada SA, 5.250.930,79; Agropecuaria Don Enrique SRL 3.976.503,90; y Laltehs SA, 2.142.896,67.