“Una luz por la discapacidad”: fuerte reclamo en Rafaela por la crisis del sistema de atención

Este martes, la Plaza 25 de Mayo de Rafaela fue escenario de la movilización “Una luz por la discapacidad”, una manifestación pacífica en adhesión a la protesta nacional convocada por organizaciones y trabajadores del sector para reclamar la urgente sanción de una ley de emergencia en discapacidad.

Los participantes denunciaron la grave crisis que atraviesa el sistema de atención, con retrasos en pagos, falta de actualización de aranceles y amenaza de cierre de instituciones en todo el país, incluyendo talleres protegidos, hogares, centros educativos terapéuticos y espacios de rehabilitación.

“Todo el sistema está en alerta grave”

“El sistema está colapsando. Desde diciembre no se actualizan los aranceles y muchos profesionales siguen trabajando sin cobrar”, explicó el kinesiólogo rafaelino Marcelo Gieco, quien atiende personas con discapacidad. “Yo mismo tengo pacientes que sigo tratando gratis porque las autorizaciones no llegan”, dijo ante el micrófono de Radio Rafaela.

Según Gieco, la situación es insostenible: “Los transportistas cobran 500 pesos por kilómetro, ni siquiera alcanza para el combustible. Por eso muchos chicos que necesitan ir todos los días a terapia solo van dos veces por semana, si pueden”.

Rafaela aún resiste, pero no está ajena

Si bien en Rafaela aún no se registraron cierres de instituciones, la preocupación es creciente. “Esto va a terminar afectando a todos, también acá. Los profesionales están en una situación muy compleja, sosteniendo el sistema casi a pulmón”, advirtió Gieco.

Además, cuestionó la postura del gobierno nacional: “La Agencia Nacional de Discapacidad ya avisó que, si esta ley se aprueba, podría vetarla. Nos están diciendo que las personas con discapacidad son un gasto, cuando son ciudadanos con derechos”.

Por otro lado, la médica María Fernanda Gómez Odetto, integrante de ALPI Rafaela, subrayó que la movilización no pide nuevos beneficios, sino que se cumpla la ley existente. “La Ley 24.901, vigente desde 1997, establece un sistema de prestaciones básicas. Hoy ese sistema está quebrado por falta de actualización del nomenclador, que quedó muy por debajo de los costos reales”, explicó ante Radio Rafaela.

“Todo está afectado: transporte, rehabilitación, centros de día, educativos terapéuticos, prácticas ambulatorias. Sostener instituciones o consultorios se volvió casi imposible”, remarcó.

Un modelo antes ejemplar, hoy en riesgo

Argentina, que adhería a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde 2006, era considerada un modelo en Latinoamérica por su sistema integral. Hoy, ese modelo corre serio riesgo de desmantelarse si no se toman medidas urgentes.

“Estamos visibilizando esto para que se entienda: las personas con discapacidad tienen derecho a una vida digna, y ese derecho se construye con políticas públicas que garanticen la continuidad de las prestaciones”, concluyeron los organizadores.