En la mañana de este martes se realizó en los Tribunales rafaelinos la Audiencia Pública en el marco del juicio por el lìmite a las fumigaciones en la ciudad de Rafaela en el que organizaciones ambientalistas y vecinos piden que se anule el artículo 4º de la nueva ordenanza de fumigaciones (Nº 5331) que reduce de 200 a 50 metros la distancia desde el perímetro urbano a partir de la cual se permite aplicar plaguicidas en los campos. A raíz de la demanda, ese artículo se encuentra suspendido por una medida cautelar.

La misma estuvo presidida por el Juez Subrogante Matías Colon y participaron representantes de la Municipalidad de Rafaela, concejales, funcionarios provinciales, el SENASA, el INTA, la fiscal extrapenal, la asesora de menores y un representante de las organizaciones ambientalistas y vecinos demandantes. Se podrá ver por Zoom con inscripción previa.

A lo largo del encuentro el juez que interviene en el juicio por el límite a las fumigaciones en Rafaela realizó preguntas a los principales actores involucrados en el caso.

La audiencia se realizó desde las 8, en el edificio de Tribunales y se extendió por poco más de 2 horas en las que expusieron el Presindete del Concejo Municipal, Germàn Bottero, la concejal Brenda Vimo, y los concejales Lisandro Mársico y Leo Viotti, autor de la polémica ordenanza que reduce el lìmite agronómico de 200 metros a 50.

También hicieron uso de la palabra el Fiscal Municipal, Dr Daniel Fruttero, la Secretaria de ; la secretaria de Ambiente municipal, María Paz Caruso; el abogado representante de organizaciones ambientalistas, Enrique Marchiaro, la fiscal extrapenal Carolina Castellano, la Defensora de Menores, Mónica Fiorillo, representantes de la Asociación Civil "Productores Unidos de Rafaela" , Guillermo Dalmazzo, representante de ADAPA, una de las organizaciones denunciantes como así también de Amigos de la Vida.

La Presidenta de la Sociedad Rural de Rafaela, Norma Bessone estuvo presente en el segundo piso del edificio de Tribunales y siguió con atención el desarrollo de la Audiencia.

Jorge Villar y Luis Carrancio, representantes del INTA luego de finalizada la Audiencia dialogaron con Radio Rafaela y destacaron la importancia de la Audiencia, "fue una oportunidad importante para escuchar a todas las partes, todos los enfoques y visiones escuchándose, porque muchas veces en las reuniones la gente habla, se interrumpe y no se termina de entender" dijo Villar al tiempo y subrayó "fue una Audiencia Pública ordenada en la que las preguntas fueron concretas y cada uno pudo expresar lo que piensa y la opinion que maneja"

Coincidió con Villar Luis Carrancio del INTA Oliveros, "hay que felicitar este tipo de proceso porque dan la oportunidad de participar, si bien no es vinculante ayuda a la formación de la opinión del Juez y pueden aclararse cuestiones técnicas, y siempre viene bien"

Antes de finalizar la entrevista, Villar sostuvo; "lo que tenemos que hacer es trabajar profesionalmente, garantizar y exigir que se hagan los controles y destacó el trabajo que se realiza en la Municipalidad de Rafaela en tal sentido, "se trabaja muy bien, con mucha conciencia, la municipalidad tiene una buena organización, se trabaja con receta agronómica tanto de compra como de aplicación y controles en todo el distrito"

Un poco de historia

La ordenanza 5331 impulsada por el concejal Leo Viotti y aprobada por el Concejo Municipal en diciembre de 2021, dispuso que entre el metro 50 y el 200 se puedan aplicar “productos de origen orgánico y/o biológicos”. En base a estudios científicos e informes técnicos, las organizaciones y vecinos denunciaron que esos productos no son necesariamente inocuos sino que, en algunos casos, pueden suponer riesgos para la salud y el ambiente. Incluso varios de ellos son fabricados por las mismas empresas que venden agrotóxicos como el glifosato.

Amparados en la la Ley Provincial 10.000, que permite a la ciudadanía recurrir a la Justicia ante decisiones de las autoridades que afecten derechos colectivos, en agosto pasado, las organizaciones y vecinos denunciaron que el artículo 4º es regresivo porque implica un retroceso en la protección de la salud y el ambiente.