Provincia aceptó el terreno donado por Viotti para la construcción de la Nueva Alcaidía en Rafaela
El gobernador Pullaro formalizó, ad referendum de la Legislatura, la aceptación del predio cedido por el municipio para levantar el establecimiento penitenciario
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El Gobierno de la provincia de Santa Fe oficializó la aceptación del terreno donado por el intendente Leonardo Viotti para la construcción de un establecimiento penitenciario al Norte de la ciudad.
El decreto, firmado por el gobernador y publicado recientemente, aprueba “ad referéndum de la Legislatura” la cesión de una fracción de terreno de 14.111 metros cuadrados ubicada en calle Concesión 155, identificada como parte del Catastro Municipal N° 28268.
El predio, perteneciente al dominio privado de la Municipalidad, fue cedido con el cargo de destinarlo exclusivamente a la construcción de la Alcaidía y sus obras de infraestructura complementarias.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Secretaría de Asuntos Penales brindó su conformidad para avanzar con el trámite, mientras que el Registro General de la Propiedad confirmó la titularidad municipal del inmueble.
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Polémica sesión extraordinaria
El Concejo Municipal de Rafaela aprobó el 31 de diciembre de 2024, en el marco de una polémica sesión extraordinaria convocada por el intendente Leonardo Viotti, la donación de un terreno para el traslado de la Alcaidía local al Norte de la ciudad. La medida recibió la aprobación con el voto negativo de los concejales de la oposición, mientras que los ediles oficialistas defendieron el proyecto imponiendo su mayoría.
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Detalles del decreto provincial
El Decreto Provincial establece en su Artículo 1° la aceptación formal de la donación y el agradecimiento al municipio. Además, encomienda a la Escribanía de Gobierno la inscripción del instrumento legal y dispone la comunicación a la Contaduría General de la Provincia y a la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes del Ministerio de Economía.
El expediente —identificado con el número 01910-0000359-8— se tramitó dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad, y contó con dictamen favorable de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, sin objeciones legales.
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