La medida tendrá lugar esta semana. Los empleados adheridos no asistirán a sus puestos.
El pasado jueves 3 de octubre, desde las 11:00hs trabajadores judiciales de Rafaela llevaron a cabo una asamblea y jornada de protesta. A través de una comunicación oficial solicitaron un “pedido de audiencia al gobernador, carrera judicial, firma de decretos, política salarial, retroactivos e impacto de la reforma previsional”.
Andrés Rachella, delegado del sindicato de trabajadores judiciales, explicó que la principal preocupación es la falta de acción del gobierno provincial, que no ha firmado los decretos de nombramientos y promociones del personal judicial, lo cual generó “un estado de incertidumbre para muchos trabajadores”.
La asamblea tuvo lugar en el hall de Tribunales, donde se concentraron empleados de diversas áreas, como el Juzgado de Menores, el Ministerio Público de la Acusación y los juzgados civiles, entre otros. Durante la protesta, que se realizó de 11 a 11:30, no hubo atención al público.
En la oportunidad, adelantaron que, de persistir la situación, el sindicato planeaba continuar con medidas de protesta.
Al paro
Finalmente se votó por unanimidad en Rafaela la adhesión a un paro general. La medida fue establecida para el jueves 10 de octubre, sin asistencia a los puestos de trabajo.
En muy concurrida asamblea llevada a cabo esta mañana de martes en el hall de Tribunales, los trabajadores judiciales decidieron llevar a cabo una medida de fuerza. Se trata de un paro por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, moción que fue apoyada por unanimidad y por aclamación.
Participaron la gran mayoría de los empleados del servicio judiciario, Tribunales, MPA, SPPDP. También asistieron funcionarios.
“Conforme se viene explicando, el malestar reconoce varias causales, siendo la principal la injustificada e ilegítima postura del Gobernador al no refrendar formalmente las propuestas que la Corte Suprema de Justicia viene girando a la Casa Gris, en cuanto a ingresos, ascensos y promociones del personal”, indicaron los trabajadores. “Es preciso recordar que todos esos ingresos y promociones se basan en concursos públicos, exigentes y transparentes”, comentaron.
“Desde comienzos de año, se han venido llevando a cabo gestiones. Hubo reuniones con los ministros de Seguridad y de Gobierno, Pablo Coccocioni y Fabián Bastia. También con el secretario de Justicia Santiago Mascheroni. Asimismo, por separado tanto la Corte Suprema como el Colegio de Magistrados y funcionarios insistieron con la solicitud. La última instancia fue un pedido de audiencia al Gobernador por parte del Sindicato de Trabajadores Judiciales, la cual no siquiera tuvo respuesta, por cuanto se dieron por agotadas las instancias de diálogo”, precisaron.
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