Mayer presentó un proyecto para que efectivamente se deje de pagar los derechos de autor en Rafaela

El gobierno nacional formalizó durante el 2024 la interpretación del concepto de “ejecución pública” que aparece en la Ley 11.723. Fue mediante el decreto 765 y, de esa manera, quienes lleven adelante un evento de tipo familiar o entre amigos, ya no deben pagar derechos de autor por reproducir música como ocurrió históricamente. Sin embargo, bajo distintos argumentos, el cobro sigue ocurriendo. En ese sentido, el dirigente Bryan J. Mayer denunció que “en algunos casos se cobra hasta 9 millones de pesos pese a que el decreto está plenamente vigente”.

El representante del gobierno nacional en la región advirtió que “se le dice a los vecinos que la situación no está firme o que una Ley no puede ser modificada por un decreto, son todas falacias para confundir y seguir cobrando”. En esa línea, aclaró que “el decreto 765/24 es el que reglamenta la ley 11.723 y define que, si estás festejando un quince, un egreso, un casamiento o cualquier cosa con los tuyos, no tenés que pagarle a nadie por poner música”. Es aún más gráfico cuando ejemplifica que “si estás en el patio de tu casa escuchando música para navidad, no pagas; y si no tenés patio y acudís a alquilar un predio o un salón es lo mismo, no tenés que pagar porque el sentido es siempre el mismo”.

Mayer reforzó pidiendo a los ciudadanos que “no se dejen engañar y no acepten cláusulas tramposas que los obliguen a pagar de una u otra manera, porque los están estafando”. La referencia hacía alusión a los casos en los que se incorpora el cobro como gasto administrativo; para evitar denuncias u otros argumentos. También mencionó que la situación para boliches y restaurantes sigue siendo bastante similar al régimen que se tenía previamente, “porque ahí la reproducción musical tiene que ver con otra cosa muy distinta a lo que hace uno en su fuero privado”.

Si bien recordó que “nadie que no sea la policía o un agente del Estado puede meterse o suspender un festejo” reconoció que “esas amenazas siguen existiendo y muchas veces ocurren con el apoyo de las instituciones o directivos de los lugares donde se pretende desarollar un festejo, para asustar a los usuarios del lugar”. Por eso anunció que “presenté un proyecto para reforzar con las herramientas locales el control y erradicación de estas avivadas de algunos pícaros” y que “se deje de cobrar a los que tienen un egreso, un quince o un casamiento”.

El proyecto de Bryan J. Mayer prohíbe los cobros directos e indirectos y establece como autoridad de aplicación a la Oficina Municipal de Información al Consumidor para recibir denuncias y tramitar los procedimientos que sean correspondientes, sin esperar que el tema escale a la esfera provincial o nacional. De esta manera, se obliga al municipio a tomar partida en una cuestión que lleva más de un año resuelta formalmente, pero sin tener alcance real en la ciudad por falta de control y sanciones.

El dirigente resaltó que “por más que el gobierno nacional tome este tipo de medidas para cuidar el bolsillo de la gente, si los municipios y las provincias no se comprometen en ayudar, nada tiene sentido” y recordó que “la municipalidad tiene el poder primario de policía para hacer cumplir las normas en todos sus niveles.”

El proyecto prevé sanciones para quienes quieran obligar los cobros, ya sean integrantes de grupos colectivos o instituciones que alquilan salones o predios. Las medidas van desde apercibimientos hasta clausura del lugar, en caso de “grave reincidencia”. La propuesta también incluye una campaña de difusión “para evitar que la gente siga siendo desinformada a propósito para beneficiar a los mismos de siempre”. La promulgación de este documento dependerá de la voluntad de los concejales, que deberán discutir la cuestión.