Así lo relató ante Radio Rafaela la concejal del Partido Justicialista María Paz Caruso.
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El Partido Justicialista lanzó un comunicado abierto a la comunidad detallando la postura de algunos concejales para con el intendente de Rafaela.
En este sentido, Radio Rafaela habló con una de las integrantes del bloque opositor, María Paz Caruso, quien cuestionó duramente el funcionamiento actual del Concejo Municipal de Rafaela, señalando que la mayoría oficialista está actuando sin permitir un debate real sobre temas clave de transparencia y gestión pública.
“Hoy hay una mayoría automática en el Concejo que es perjudicial para la ciudad. No se discuten normas fundamentales que tienen que ver con la transparencia en la gestión pública del municipio”, afirmó Caruso.
El comunicado emitido por los concejales justicialistas, que incluye a Juan Senn, Valeria Soltermann, Martín Racca y Caruso, plantea que “se respeten las normativas y se establezcan criterios claros. En este caso, hablamos de la modalidad de compras públicas. Lo lógico sería optar por licitaciones públicas, pero el Ejecutivo decidió hacer compras directas por un monto de 600 millones de pesos para luminarias LED, justificando la decisión como si estuvieran administrando fondos propios, cuando en realidad se trata de recursos de los rafaelinos”, señaló.
María Paz explicó que, aunque la norma permite excepciones, el mecanismo de mayor transparencia es la licitación pública. "Ellos argumentan que la compra directa con un concurso de sobre cerrado es más rápido, pero no es así. Las licitaciones públicas no demoran más tiempo y, además, son procesos mucho más igualitarios", agregó.
La concejal también denunció que el Ejecutivo no informó previamente al Concejo sobre esta decisión. "Es responsabilidad del Ejecutivo informar al Concejo, no cargar la información directamente en la web. No hacerlo cierra las puertas a los mínimos mecanismos de control", apuntó.
En el marco del debate, Caruso destacó que la ordenanza que permite estas excepciones pierde vigencia el 31 de diciembre. “Ellos dijeron que no van a pedir la renovación de esta norma, pero en el medio gastan 600 millones sin un mecanismo transparente. Es fundamental que el Concejo Municipal cumpla su rol de control y no se limite a votar según las órdenes del Intendente”, concluyó.
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