La FISFE respaldó la reforma del Código Procesal Laboral provincial
La Federación Industrial de Santa Fe consideró que la actualización del régimen laboral permitirá bajar la litigiosidad, disminuir costos para las empresas y mejorar la competitividad sin afectar derechos de los trabajadores.
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La Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) expresó su respaldo al proyecto de reforma del Código Procesal Laboral de la provincia, al que definió como “un gran paso para corregir problemas estructurales” que actualmente generan sobrecostos en el sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), mayor incertidumbre y pérdida de competitividad para el sector productivo.
A través de un comunicado, la entidad señaló que las empresas santafesinas afrontan una alícuota promedio de ART del 4,03%, lo que representa un 45% más que el promedio nacional, ubicado en el 2,78%. Según detallaron, esta situación deriva en un sobrecosto estimado de unos 100 millones de dólares anuales para el entramado productivo provincial.
Desde la FISFE también advirtieron sobre los altos niveles de litigiosidad laboral en Santa Fe. Indicaron que un trabajador santafesino tiene más del doble de probabilidad de iniciar un juicio laboral que uno de la provincia de Córdoba. En términos comparativos, mencionaron que se registran 260 juicios cada 10.000 trabajadores en Santa Fe, frente a 118 en territorio cordobés.
En relación con el contenido de la iniciativa, la federación explicó que el proyecto que se debatirá en la Legislatura provincial se inspira en modelos aplicados en otras jurisdicciones y apunta a una adhesión más efectiva a la normativa nacional, junto con una reestructuración de los procesos judiciales.
Entre los principales cambios propuestos, destacaron el establecimiento de las comisiones médicas como instancia obligatoria previa al inicio de un juicio laboral, con el objetivo de agilizar los tiempos de resolución. Además, el proyecto plantea una modificación en el sistema de determinación de honorarios profesionales derivados de las pericias médicas, desvinculándolos de la gravedad de las lesiones o de los porcentajes de incapacidad asignados.
Según la FISFE, el esquema actual genera incentivos distorsivos, ya que los honorarios están atados al monto de la sentencia, lo que puede impulsar la asignación de mayores porcentajes de incapacidad. La reforma, afirmaron, busca corregir ese sesgo sin afectar la protección real de los trabajadores ni la calidad del empleo.
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