“Hay que hacerles la vida imposible”: Mársico propuso cortar los servicios a los inmuebles ocupados ilegalmente

El concejal de Rafaela Lisandro Mársico presentó un proyecto que busca establecer mecanismos para que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA) puedan cortar los servicios en inmuebles ocupados ilegalmente.

La iniciativa, impulsada junto a la concejal Carla Boidi, apunta a intervenir en una etapa posterior a la denuncia judicial por usurpación, con el objetivo de evitar que quienes ocupan una propiedad de manera irregular puedan acceder a los servicios públicos y consolidar esa situación.

“Hay una cuestión que es la judicial, que corresponde a la Justicia, pero los organismos provinciales pueden hacer la vida imposible a quienes generan este tipo de situaciones”, explicó Mársico.

El vínculo entre usurpaciones y problemas de seguridad

El concejal sostuvo que la ocupación ilegal de viviendas suele estar asociada a otras problemáticas que afectan a los vecinos de la zona. “Por lo general trae aparejado el narcomenudeo, hubo casos de prostitución, robos, hurtos y situaciones de violencia que terminan generando angustia y miedo en quienes viven en las inmediaciones”, señaló.

Según explicó, la propuesta no busca reemplazar la intervención judicial, sino sumar herramientas desde los organismos que administran servicios públicos. Mársico hizo referencia a situaciones en las que ocupantes ilegales logran convertirse en clientes de las empresas mediante documentación presuntamente irregular.

“Cuando una persona está enganchada y el vecino denuncia, se corta el servicio. El problema aparece cuando se filtra una situación y, presentando un contrato fraguado, logra transformarse en cliente de la EPE”, explicó.

En ese sentido, mencionó un caso ocurrido en avenida Mitre, donde según relató se habría utilizado documentación falsa para acceder a un medidor. “Cuando consigue transformarse en cliente, la situación se complica porque ya existe una relación contractual con la empresa”, indicó.

El reclamo por los servicios de agua

El concejal también apuntó contra situaciones vinculadas a Aguas Santafesinas, donde, según sostuvo, propietarios que recuperaron sus inmuebles luego de una ocupación ilegal se encontraron con deudas generadas durante ese período. “Hubo casos donde al recuperar la propiedad, después de muchos años, la empresa le quiere cobrar al propietario casi cinco millones de pesos de agua”, afirmó.

Mársico reconoció que el acceso al agua está contemplado como un derecho humano en la provincia, pero planteó que debe ejercerse dentro de un marco legal. “Cuando uno pasa del ejercicio regular de un derecho al abuso del derecho, ahí termina esa protección. Por eso planteamos que, si el propietario lo solicita o si existe una denuncia comprobada por Fiscalía, se pueda cortar el servicio”, explicó.

Una herramienta complementaria a la Justicia

La iniciativa contempla que la interrupción del servicio pueda aplicarse luego de una denuncia formal ante el Ministerio Público de la Acusación por delitos como usurpación o violación de domicilio.

“Con esa denuncia comprobada por Fiscalía hay que cortar. La usurpación está contemplada en el Código Penal, con una pena de 15 días a tres años de prisión, y también puede configurarse la violación de domicilio”, sostuvo.

Para Mársico, la medida apunta a evitar que las ocupaciones ilegales se prolonguen en el tiempo y generar una herramienta adicional para proteger a los propietarios y a los vecinos afectados.