El fiscal regional Carlos María Vottero hizo un balance de su gestión: "Estamos trabajando para bajar la cantidad de muertes violentas"
Desde el ámbito judicial remarcaron que los suicidios, los accidentes de tránsito y los homicidios culposos integran un mismo universo de muertes violentas que requiere datos, abordaje interinstitucional y políticas públicas específicas.
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La problemática de las muertes violentas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública de la provincia de Santa Fe. Desde el ámbito judicial advirtieron sobre la necesidad de visibilizar, registrar datos y trabajar de manera interrelacionada para intentar reducir los índices vinculados a suicidios, accidentes de tránsito, homicidios.
Según los datos mencionados, en la provincia se registraron 448 suicidios, 306 accidentes de tránsito y 210 homicidios dolosos, cifras que muestran el impacto de distintas formas de violencia.
“Hay que empezar a visibilizar esta enorme problemática, tomar datos y tratar de mejorar para trabajar interrelacionalmente y bajar estos niveles de muertes violentas”, se planteó.
En ese sentido, se remarcó que, aunque muchas veces se las analiza por separado, estas situaciones comparten un mismo eje: todas constituyen muertes violentas y demandan una intervención estatal coordinada.
El rol del fiscal ante las muertes violentas
Desde el Ministerio Público de la Acusación se destacó que el trabajo de un fiscal frente a determinados tipos de muertes violentas tiene la misma exigencia investigativa que en un homicidio doloso.
“El trabajo de un fiscal respecto de estos tipos de muertes es exactamente igual que el de un homicidio doloso”, se indicó.
Dentro del ámbito de la Regional 5, se mencionó que se registraron 46 casos en Rafaela, lo que refuerza la necesidad de abordar la problemática con una mirada territorial, sostenida y articulada entre distintas áreas del Estado.
Frontera y el trabajo contra el microtráfico
También se hizo referencia al trabajo que se viene realizando en la región frente a delitos vinculados al microtráfico, especialmente en la ciudad de Frontera.
“Desde esta Regional estamos trabajando de manera insistente, y Frontera es el lugar donde aparecen estos delitos de microtráfico”, se señaló.
En ese marco, se destacó el avance de procedimientos contra puntos de venta de drogas. “En Frontera logramos el derribo de 10 búnkers”, se informó.
Suicidios: una problemática que debe ser abordada por todo el Estado
Uno de los puntos más sensibles del análisis estuvo puesto en los suicidios, especialmente por el rango etario más afectado. Según se indicó, la mayor incidencia aparece entre personas de 20 a 39 años.
“Hay que visibilizar esta problemática que va en aumento”, se advirtió.
En ese sentido, se remarcó que el abordaje no puede depender de un solo organismo, sino que requiere la intervención de distintas áreas estatales.
“Cada sector del Estado se tiene que hacer cargo de lo que corresponde en suicidios”, se sostuvo.
San Cristóbal y la violencia en ámbitos escolares
La situación ocurrida en San Cristóbal también fue mencionada como parte de una problemática más amplia, vinculada a expresiones de violencia extrema en contextos escolares.
“Lo de San Cristóbal no es un hecho aislado. La problemática es mucho mayor”, se afirmó.
En ese sentido, se vinculó este tipo de hechos con fenómenos surgidos en otros países y con consumos culturales digitales asociados a situaciones de violencia extrema.
“Esto tiene un origen en Estados Unidos, con la masacre de Columbine, y en subculturas digitales donde la motivación se encuentra en relaciones de situaciones de violencia extrema”, se planteó.
Detenciones y lugares de alojamiento
Finalmente, se hizo referencia a la falta de lugares de alojamiento para personas detenidas y a la responsabilidad funcional del Ministerio Público de la Acusación.
“Nunca bajo mi órbita voy a dejar de cumplir con mis funciones por falta de lugar de alojamiento”, se remarcó.
En esa línea, se aclaró que la disponibilidad de plazas para alojar detenidos no es competencia directa de un fiscal, aunque sí forma parte de una discusión más amplia sobre el funcionamiento del sistema penal y penitenciario.
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