Con el objetivo de frenar el uso de escapes libres o modificados en motocicletas, el presidente del Concejo Municipal, Lisandro Mársico, anunció que ya fue presentado un proyecto de ordenanza que busca ampliar las herramientas legales para sancionar esta práctica, incluso cuando los vehículos estén detenidos o estacionados.

"No solamente hay desaprensión, hay mala intención. Pararse frente a una casa y meterle al acelerador para que ese caño de escape modificado haga el ruido que hace, no es casual. Es bronca y genera impotencia", afirmó Mársico en diálogo con Radio Rafaela.

Una problemática creciente en puntos clave de la ciudad

Según el concejal, los focos más conflictivos se concentran especialmente en la zona del cartel de Rafaela y la colectora frente a la UNRaf, donde se producen “juntadas” los fines de semana que dificultan los controles. "Hacer un operativo con 25 motos que salen en manada es inviable. Si ocurre un accidente, el municipio o las fuerzas terminan siendo responsables", explicó.

Si bien desde la gestión actual se han retenido 340 motos con caños de escape modificados, el concejal Mársico admitió que “las medidas hasta ahora no dieron los resultados esperados”. Por eso, el proyecto plantea una nueva normativa que permita actuar también sobre las motos estacionadas.

Amparo legal para retener motos sin necesidad de que estén en circulación

Uno de los puntos centrales del proyecto es la interpretación de la Ley Nacional de Tránsito, que autoriza la retención de vehículos que no cumplen con condiciones de seguridad activa o pasiva, o de emisión de contaminantes. “La Agencia Nacional de Seguridad Vial ya ha opinado que el caño de escape forma parte del sistema de seguridad de la moto. Y si está modificado, no cumple. Entonces, puede ser retenida aunque esté detenida”, explicó el concejal.

Este punto busca zanjar una laguna legal que hasta ahora limitaba la acción municipal a los vehículos en movimiento, dificultando los controles y el decomiso.

Multas más severas y destrucción de escapes modificados

El proyecto también eleva el rango de la multa de 7 a 30 unidades de multa, donde cada unidad equivale a 15 litros de nafta súper YPF, y dispone que el escape ilegal sea decomisado y destruido.

"No es solo pagar la multa. El infractor deberá ir a Control Público con el escape reglamentario, hacer el cambio y el escape ilegal será destruido por el municipio", detalló Mársico.

Mársico hizo hincapié en el daño colateral que este tipo de ruidos provoca. “Nos lo dicen los vecinos: hay personas enfermas, con discapacidad, animales que padecen esas explosiones que hacen con los escapes modificados”, señaló. Y agregó: “Estos efectos que generan ruidos ensordecedores tienen a maltraer a toda la ciudad”.