La defensa de Santiago Peña pidió anular el juicio político y denunció falta de pruebas en el caso Ueno Bank

Los abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro se presentaron este viernes 6 de noviembre de 2026 ante el pleno del Senado paraguayo. En una jornada clave, cuestionaron la validez del juicio político que enfrenta el presidente Santiago Peña tras el colapso de Ueno Bank. La defensa sostuvo que la renuncia presentada por el mandatario impide legalmente la continuidad del procedimiento parlamentario.

Durante la sesión, Ferreiro advirtió que el juicio carece de legitimidad y dejó planteadas reservas para recurrir ante la Corte Suprema y tribunales internacionales de derechos humanos. Según el letrado, el proceso actual sería nulo. La defensa enfatizó que cualquier responsabilidad sobre la crisis bancaria debe ser investigada exclusivamente por la justicia ordinaria y no mediante un juicio político.

Preda, por su parte, reconoció la gravedad de la crisis que afecta a ahorristas y jubilados, pero rechazó categóricamente el documento acusatorio. El abogado afirmó que el libelo no identifica las normas infringidas por el presidente. “Una acusación que pretende remover a un jefe de Estado necesita pruebas y este libelo no trae ninguna”, sentenció ante los legisladores presentes en la cámara.

El defensor fue contundente al señalar que “no hay pruebas, hay dimes y diretes” en la acusación. Criticó que el proceso se base en publicaciones periodísticas sin presentar testimonios que vinculen a Santiago Peña con las decisiones investigadas. Asimismo, objetó que se le atribuyan al mandatario acciones que corresponden a instituciones como el Banco Central o el Instituto de Previsión Social.

Argumentos sobre el origen de la crisis

Los representantes legales expusieron una cronología detallada sobre Ueno Bank. Aseguraron que la conversión de la financiera en banco inició durante la gestión de Mario Abdo Benítez, dos años antes de que Santiago Peña asumiera la presidencia. Con este dato, buscaron desvincular al mandatario del origen del proceso que derivó en el colapso de la entidad financiera digital.

Respecto a la modificación del reglamento de inversiones del IPS, aprobada en noviembre de 2024, la defensa aclaró que fue una decisión del órgano administrador de la entidad previsional. Argumentaron que dicha medida contó con fundamentos técnicos propios, desestimando la injerencia directa del presidente. La intervención ocurrió tras el rechazo del Senado a una prórroga de 72 horas solicitada por el mandatario.

En paralelo a este proceso político, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de tres causas penales contra Santiago Peña. Se conformó un equipo especial de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para investigar la supervisión de Ueno Bank, la colocación de fondos públicos y las decisiones de las autoridades estatales involucradas en el escándalo.