Sólo en el municipio San Pedro Tapanatepec, en el estado de Oaxaca, al sur de México, arribaron en las últimas semanas unos 10 mil migrantes de diferentes nacionalidades. Permanecen hacinados y a la deriva.

En la ruta de América Central hacia Estados Unidos, los flujos migratorios siguen en aumento. Y lo hacen a pesar de tener que hacer frente a políticas migratorias dañinas y restrictivas, a caminos peligrosos y a una violencia generalizada.

“La pandemia de Covid-19 sirvió como excusa a Estados Unidos para imponer una de las normas más regresivas en términos de derechos migratorios: el Título 42, que en los tres últimos años justificó la expulsión inmediata hacia ciudades peligrosas de México de cerca de dos millones de solicitantes de asilo con el falso pretexto de la sanidad pública”, cuestiona Heidenhaim, vocera de Médicos Sin Fronteras. “En lugar de haberse dado por finalizada, en octubre pasado, la administración del presidente Joe Biden anunció la ampliación del uso de esta perjudicial política de expulsión para incluir a las personas migrantes de Venezuela”, acotó.

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Hasta el momento, según las normas objetos de controversias, quienes provengan de ese país y crucen la frontera estadounidense a través de sus puertas de entrada serán expulsados a México.

“Estas decisiones políticas, mientras fracasan en su propósito de detener los flujos migratorios violando los derechos humanos y limitando el acceso a servicios básicos, tienen un efecto devastador en la salud física y mental de las personas, obligándolas además a quedar más expuestas a redes criminales que operan en toda la región”, explica la comunicadora.

Trabajo de Médicos Sin Fronteras

Los equipos de MSF han estado respondiendo a las necesidades sanitarias y humanitarias a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en ciudades como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Piedras Negras, donde muchas personas migrantes y solicitantes de asilo están varadas tras haber sido expulsadas de Estados Unidos, asegura la vocera de la organización.

También, comprobaron que los desterrados viven en condiciones extremadamente penosas, con dificultades para acceder a la comida, al agua, al saneamiento y a la atención médica y psicológica.