Más medallas, la misma deuda: Argentina creció en los Juegos Suramericanos 2026 y el financiamiento sigue en debate
Argentina pasó de 197 medallas en Asunción 2022 a 293 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y avanzó del tercer al segundo puesto del medallero. La notable mejora deportiva vuelve a poner bajo la lupa el financiamiento del alto rendimiento.
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Hay números que admiten pocas discusiones. Argentina terminó los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con 293 medallas: 81 de oro, 87 de plata y 125 de bronce. Fue segunda detrás de Brasil y dejó atrás a Colombia.
Cuatro años antes, en Asunción 2022, la delegación nacional había conseguido 197 preseas —58 doradas, 65 plateadas y 74 de bronce— y había terminado tercera.
Son 96 medallas más de una edición a otra. Un crecimiento cercano al 49% en la cosecha total y casi un 40% más de títulos.
Pero los Juegos dejaron una pregunta que las medallas, por sí solas, no pueden contestar: ¿qué condiciones económicas tiene Argentina para sostener este rendimiento durante todo un ciclo olímpico?
Porque Santa Fe 2026 mostró dos realidades al mismo tiempo. Por un lado, una generación de atletas capaz de competir con éxito en Sudamérica. Por otro, deportistas que durante las propias competencias volvieron a poner sobre la mesa los problemas para financiar entrenamientos, viajes, concentraciones y equipamiento.
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De Asunción a Santa Fe: un salto de 96 medallas
Asunción 2022 ya había representado una recuperación. Después de terminar cuarta en Medellín 2010, Santiago 2014 y Cochabamba 2018, Argentina regresó entonces al tercer escalón del podio continental.
Santa Fe significó otro avance. Los 58 oros de Paraguay fueron 81 en 2026. Las 65 platas aumentaron a 87 y los 74 bronces llegaron a 125.
Argentina también modificó su posición: pasó del tercer al segundo puesto.
Brasil volvió a dominar la competencia y terminó con 122 medallas de oro, frente a las 81 argentinas. Esa diferencia también sirve para dimensionar el escenario: el crecimiento nacional fue importante, pero todavía existe una brecha con la principal potencia deportiva de Sudamérica.
Competir como local merece ser considerado al analizar estos resultados. Argentina presentó una delegación de 658 atletas, dispuso de menores costos logísticos y tuvo la posibilidad de competir con un número elevado de representantes.
Eso forma parte de la explicación.
Pero tampoco alcanza para quitarle valor al salto registrado entre 2022 y 2026.
Existe otra cuestión que suele perderse cuando llega el momento de hacer balances: una medalla conseguida en septiembre de 2026 no comenzó a prepararse en enero de este año.
El alto rendimiento funciona por ciclos de varios años.
Detrás de cada podio aparecen clubes, entrenadores, federaciones, familias, equipos médicos, gobiernos provinciales y municipales, programas nacionales, empresas privadas y el trabajo del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.
Por eso, sería simplista atribuir las 293 medallas exclusivamente a una política deportiva reciente. También sería incorrecto adjudicar a una única gestión todos los problemas estructurales que arrastra el sistema.
El deporte argentino acumula fortalezas y dificultades que atraviesan diferentes gobiernos.
Y uno de esos problemas reapareció con fuerza durante Santa Fe 2026: cómo garantizar recursos previsibles para el alto rendimiento.
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US$14 millones y una comparación que encendió las alarmas
Ese debate ya había llegado al Congreso a fines de 2025.
Durante la discusión parlamentaria sobre el financiamiento del ENARD, dirigentes y legisladores utilizaron una comparación regional para dimensionar la situación argentina.
En aquel momento se estimaba que el organismo argentino disponía de alrededor de US$14 millones anuales.
Frente a esa cifra, durante el debate se mencionaron inversiones del orden de los US$500 millones para Brasil, más de US$200 millones para Colombia y aproximadamente US$100 millones para Chile.
La diferencia es impactante, aunque merece una aclaración indispensable.
Esas cifras fueron utilizadas como referencia dentro del debate político y deportivo, pero no representan partidas presupuestarias perfectamente equivalentes. Los sistemas de financiamiento son distintos: algunos montos incluyen ministerios, programas nacionales, loterías, comités olímpicos, infraestructura u otros mecanismos que no necesariamente tienen una correspondencia directa con el presupuesto específico del ENARD.
Aun con esa salvedad, la brecha sirve para mostrar órdenes de magnitud.
Brasil, por ejemplo, cerró 2025 con un presupuesto superior a 3.190 millones de reales para su Ministerio del Deporte y proyectó unos 2.460 millones de reales para 2026. A eso se agregan mecanismos específicos como la Ley de Incentivo al Deporte, las loterías y los recursos del Comité Olímpico Brasileño.
Colombia aprobó para su Ministerio del Deporte un presupuesto de 496.000 millones de pesos colombianos para 2026, mientras Chile estableció aproximadamente 191.000 millones de pesos chilenos para su Ministerio del Deporte en el mismo ejercicio.
Son estructuras diferentes y, por eso, cualquier conversión directa a dólares debe tomarse con prudencia.
Pero el punto central permanece: Argentina compite deportivamente con países que poseen mecanismos de financiamiento considerablemente más amplios.
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El 1% que volvió al Congreso
El problema no apareció por primera vez en estos Juegos.
El ENARD fue creado en 2009 mediante la Ley 26.573 y comenzó a funcionar con una fuente específica de recursos: un cargo del 1% aplicado sobre los abonos de telefonía celular.
Ese dinero iba directamente al organismo y permitía contar con ingresos relativamente previsibles para financiar becas, viajes, competencias, entrenadores, ciencias aplicadas e infraestructura vinculada con el alto rendimiento.
El sistema cambió con la reforma tributaria aprobada a fines de 2017. Se eliminó aquella fuente específica y el ENARD pasó a depender fundamentalmente de las partidas del Presupuesto Nacional.
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Ocho años después, la discusión regresó al Congreso.
El 21 de octubre de 2025, las comisiones de Deportes, Comunicaciones e Informática y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitieron un dictamen de mayoría sobre un texto que unificó distintos proyectos destinados a modificar nuevamente la Ley del ENARD.
La propuesta buscaba recuperar una fuente automática de financiamiento mediante un cargo del 1% sobre la facturación neta de IVA de empresas prestadoras de servicios TIC.
La diferencia con el sistema original era importante: ya no alcanzaría solamente a los teléfonos celulares. La base planteada incluía empresas de telecomunicaciones, internet y otros servicios TIC que superaran determinado número de usuarios.
El proyecto incorporaba además un criterio federal: el 40% de lo recaudado debía destinarse a las provincias mediante un esquema orientado al desarrollo de deportistas en vías al alto rendimiento.
Los impulsores calculaban que el mecanismo podría generar alrededor de US$70 millones durante su primer año, frente a los aproximadamente US$14 millones que manejaba entonces el ENARD. Algunas estimaciones ubicaban su potencial cercano a los US$100 millones.
Ese era el “aumento” que buscaba producir la iniciativa: no incrementar administrativamente una partida determinada, sino multiplicar los recursos disponibles mediante la recuperación y ampliación del viejo esquema del 1%.
El proyecto reunió un respaldo significativo en las comisiones: el dictamen de mayoría consiguió 66 firmas entre más de 70 legisladores participantes.
Sin embargo, hubo posiciones diferentes sobre cómo debía financiarse.
Los legisladores que apoyaban el dictamen argumentaron que recuperar una fuente específica permitiría devolver previsibilidad y autarquía al ENARD, además de incorporar una distribución federal.
Desde el Frente de Izquierda se acompañó la iniciativa con disidencias: una de ellas planteaba que el aporte debía ser absorbido por las empresas prestadoras y no trasladado a los usuarios. Otros legisladores propusieron esquemas concurrentes de financiamiento.
La Libertad Avanza presentó un dictamen de rechazo. Entre sus argumentos sostuvo que el deporte debía apoyarse más fuertemente en mecanismos privados y cuestionó la creación de un cargo específico y de fondos por fuera del esquema general del Tesoro, señalando objeciones vinculadas con la presión tributaria, la transparencia y la unidad presupuestaria.
Esas diferencias son importantes porque explican que el debate no consiste simplemente en estar “a favor” o “en contra” del deporte: la discusión es sobre quién aporta los recursos, cuánto aporta, cómo se administran y qué grado de autonomía debe tener el sistema de alto rendimiento.
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El proyecto quedó a mitad de camino
El dato institucional también debe quedar claro.
Las comisiones aprobaron un dictamen, pero el Congreso no sancionó aquella iniciativa.
El proyecto no llegó a obtener aprobación del recinto de Diputados y, por lo tanto, el 1% no fue restablecido por aquella vía. Durante 2026 se presentaron nuevas iniciativas para modificar nuevamente la Ley 26.573, señal de que la discusión continúa abierta en el Congreso.
Es decir: hubo un avance parlamentario importante a fines de 2025, pero no una nueva ley.
Mientras el debate legislativo permanece pendiente, el Gobierno nacional actualizó en septiembre las becas destinadas a deportistas, entrenadores y equipos técnicos.
La Resolución 139/2026 dispuso nuevos valores y habilitó para septiembre un pago total superior a $525,7 millones para atletas de alto rendimiento, entrenadores nacionales, profesionales de ciencias aplicadas, responsables técnicos y beneficiarios relacionados con los Juegos Evita.
El incremento representa una mejora nominal para quienes reciben esas ayudas. Sin embargo, el financiamiento del alto rendimiento no puede medirse solamente por el monto de una beca.
Un atleta necesita competencias internacionales, equipamiento, médicos, kinesiólogos, preparación física, alimentación, traslados, concentraciones y entrenadores.
Dependiendo de la disciplina, algunos de esos costos están directamente dolarizados.
Por eso una beca puede ser una herramienta importante y, simultáneamente, resultar insuficiente para cubrir todos los gastos de una carrera internacional.
El reclamo apareció en medio de las medallas
Santa Fe 2026 hizo visible esa contradicción. Mientras Argentina acumulaba podios, deportistas utilizaron la exposición de los Juegos para hablar del financiamiento.
Al mismo tiempo, el Gobierno nacional defendió su política y sostuvo que la inversión deportiva debe contabilizar un universo más amplio que el presupuesto del ENARD.
Durante los Juegos, Daniel Scioli afirmó que el Estado nacional destina alrededor de US$50 millones anuales si se consideran conjuntamente infraestructura, viajes, apoyo a federaciones, equipamiento, hotelería y otros conceptos.
Son, nuevamente, dos formas diferentes de medir: una cosa es el presupuesto específico administrado por el ENARD y otra es el conjunto de recursos nacionales vinculados con el deporte.
Distinguir esas categorías permite evitar comparaciones engañosas.
El deporte argentino tiene una tradición casi romántica alrededor del atleta que triunfa “a pulmón”.
La historia funciona. Hay sacrificio, adversidad y finalmente una bandera argentina en el podio.
Pero la capacidad individual para superar dificultades económicas no permite concluir que esas dificultades sean una buena política de desarrollo deportivo.
El sacrificio forma parte del alto rendimiento. La incertidumbre permanente sobre cómo pagar una competencia internacional no tendría por qué hacerlo.
Argentina demostró que todavía posee una enorme reserva de talento deportivo. Incluso logró mejorar de manera muy significativa respecto de Asunción.
La pregunta es cómo sostenerla.
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El próximo medallero se empieza a disputar ahora
Santa Fe 2026 merece ser considerada una actuación sobresaliente del deporte argentino.
Pasar de 197 a 293 medallas, sumar 23 oros respecto de Asunción y recuperar el segundo lugar sudamericano representa una evolución concreta.
Pero los grandes eventos tienen una particularidad: exhiben en dos semanas el resultado de varios años de trabajo.
Es allí donde un nadador busca competencias para mejorar su marca. Donde un ciclista necesita renovar una bicicleta. Donde una federación debe decidir qué torneos internacionales puede pagar. Donde un entrenador evalúa si puede seguir trabajando dentro del país. Y donde un juvenil tiene que resolver si puede transformar el talento en una carrera deportiva.
La discusión sigue abierta. Lo que Santa Fe 2026 aporta son nuevos datos para abordarla.
Argentina demostró que tiene atletas para competir.
Ahora queda por observar qué estructura económica será capaz de sostenerlos hasta Lima 2027, Los Ángeles 2028 y los ciclos que vendrán después.
Porque el medallero se publica al final de los Juegos. Pero las medallas empiezan a disputarse mucho antes.
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