La Premier League aprueba un límite salarial desde 2026 y desata un conflicto legal con jugadores y agentes
Los clubes ingleses validaron un sistema que restringirá el gasto en salarios al 85% de los ingresos y activaron un profundo debate sobre la sostenibilidad financiera. Jugadores, agentes y algunos equipos ya anticipan acciones legales por considerar que la decisión afecta derechos económicos y viola normas de competencia.
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El debate sobre la regulación económica en el fútbol inglés tomó un rumbo decisivo después de que los clubes de la Premier League aprobaran la instauración de un nuevo límite salarial, al tiempo que descartaron fijar un tope total de gasto para las plantillas.
La medida, que comenzará a regir desde la temporada 2026-2027, supone un cambio trascendente en el modelo financiero de la competición, aunque llegó acompañada de fuertes críticas y advertencias de demandas judiciales.
La votación realizada este viernes concluyó con el visto bueno a dos pilares del nuevo esquema: el Salary Cap Ratio (SCR) y el sistema de Sostenibilidad y Resiliencia (SSR). En cambio, el proyecto de Total Squad Cost Cap (TBA), que buscaba fijar un techo absoluto de inversión por equipo, no alcanzó los 14 votos necesarios.
El SCR establece que cada club solo podrá destinar hasta el 85% de sus ingresos al pago de salarios y comisiones a representantes. El SSR, por su parte, evaluará la capacidad de las instituciones para cumplir con sus obligaciones económicas tanto a corto como a largo plazo, con el fin de prevenir crisis financieras.
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El TBA, que quedó descartado, proponía que ningún club pudiera gastar en su plantilla más de cinco veces lo que percibiera la entidad con menores ingresos televisivos y deportivos. Con los números de la temporada 2023-2024, ese límite hubiese sido de 550 millones de libras (unos 720 millones de dólares). Solo siete equipos apoyaron la iniciativa.
Desde la Premier League justificaron el nuevo régimen asegurando que su propósito es “fomentar la igualdad competitiva y acercar el modelo financiero al límite impuesto por la UEFA”, que establece que los clubes pueden gastar hasta el 70% de sus ingresos. También señalaron que las normas vigentes desde 2013 habían quedado desactualizadas frente a la inflación y al incremento general de los costos. Hasta ahora, el reglamento solo impedía pérdidas superiores a 105 millones de libras en un ciclo de tres años.
Pero la reforma no tardó en despertar resistencia. El sindicato de jugadores (PFA) anticipó que recurrirá a la justicia si la liga no incorpora a los futbolistas en la negociación. Su director ejecutivo, Maheta Molango, afirmó en diálogo con The Guardian que “el fútbol no está por encima de la ley” y que “no se puede limitar de forma unilateral la capacidad de una persona de ganarse la vida”. A esta postura se sumaron tres de las agencias de representación más influyentes del Reino Unido —CAA Base, Stellar y Wasserman—, que enviaron una carta a la Premier League denunciando que no fueron consultadas. Sus abogados sostienen que la nueva regulación “viola la ley de libre competencia”, constituye un “abuso de posición dominante” y “limita de forma artificial el gasto” de las instituciones. Las tres agencias ya evalúan llevar el caso a los tribunales.
Aunque existe consenso en la necesidad de revisar el actual sistema de fair play financiero, la vía elegida por la Premier genera un fuerte choque con futbolistas, agentes y parte de los clubes. El desafío ahora será encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad económica y los derechos laborales, en un escenario que promete una larga batalla legal.
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