La iniciativa busca desmantelar las barras bravas y los negocios ilegales que las rodean, aplicando penas más duras tanto a sus integrantes como a los dirigentes que colaboren con ellos. Recibirían penas de entre 2 y 4 años.
El Gobierno Nacional trabaja en un proyecto de ley en donde los barrabravas sean considerados como organizaciones criminales. Establece penas de dos a cuatro años de prisión a quienes transporten armas o vendan entradas de protocolo.Hasta el momento, el proyecto se encuentra en revisión en el área de Legal y Técnica de la Presidencia.
El eje principal del proyecto es la tipificación de las barras bravas como organizaciones criminales, lo que permitiría considerar sus actividades como delitos de asociación ilícita. Esto implicaría aplicar penas de dos a cuatro años de prisión a quienes transporten armas o revendan entradas de protocolo, entre otras actividades. Además, los dirigentes deportivos que colaboren con las barrabravas, ya sea entregándoles entradas o manteniendo vínculos conniventes, también estarán bajo investigación. En caso de ser encontrados responsables, podrán enfrentar sanciones de hasta seis años de prisión.Los barras bravasar penas de dos a cuatro años de prisión a quienes transporten armas o revendan entradas de protocolo, entre otras actividades.
Lo que se buscará con esto es que las actividades como el transporte de armas, la reventa de entradas de protocolo y el control de estacionamientos por “trapitos” en las inmediaciones de los estadios sean castigadas penalmente. Asimismo, apuntarán a cortar las fuentes de financiamiento de las barras, que se sustentan en prácticas ilegales como las extorsiones y amenazas.
Otra medida es el endurecimiento del régimen de inhabilitación administrativa, permitiendo que las autoridades puedan impedir el ingreso a los estadios a personas imputadas por delitos, incluso sin una sentencia firme.
El proyecto también responsabiliza a los organizadores de eventos deportivos que permitan el ingreso de armas o faciliten el acceso de personas con impedimentos legales. La medida busca cerrar cualquier brecha que permita a las barras operar con impunidad dentro de los estadios.
El objetivo central de la ley es cerrar cualquier brecha legal que permita a las barrabravas operar con impunidad. Con este enfoque, el Gobierno busca erradicar el control territorial y financiero que estas organizaciones ejercen dentro y fuera de los estadios, consolidando una postura firme para recuperar la integridad del fútbol como espectáculo deportivo.
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