El Gobierno enviará veedores a la AFA por presuntas irregularidades administrativas
El Ministerio de Justicia aceptó el pedido de la IGJ para auditar documentación contable y financiera de la entidad que preside Claudio Tapia.
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El Ministerio de Justicia resolvió avanzar con la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tras un pedido formal de la Inspección General de Justicia (IGJ) en el marco de una investigación por presuntas irregularidades administrativas y contables. La resolución será oficializada en las próximas horas.
La medida contempla la designación de tres profesionales —dos abogados y un contador— que tendrán como función relevar documentación interna y verificar información financiera que, según el organismo de control, fue solicitada y no entregada por la entidad. Desde el Gobierno aclararon que se trata de una veeduría y no de una intervención institucional.
Auditoría sobre balances y estructura financiera
El requerimiento original fue firmado por el inspector general Daniel Roque Vítolo luego de detectar lo que calificó como “graves irregularidades”. La IGJ busca acceder a los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025 y analizar la estructura financiera completa de la asociación.
Entre los puntos centrales de la auditoría figura la revisión del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), incluyendo compra de inmuebles, equipamiento, designación de autoridades y convenios con terceros. También se examinarán las relaciones comerciales vinculadas a la comercialización de derechos deportivos y operaciones financieras.
El organismo advirtió que la AFA no presentó el balance correspondiente al ejercicio 2025 dentro de los plazos legales y que la documentación remitida resultó incompleta, especialmente en lo referido a ingresos y egresos.
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Desde el Ministerio de Justicia sostuvieron que la asociación se negó a entregar la documentación requerida pese a las intimaciones formales. Los veedores deberán obtener y verificar esos datos faltantes.
La auditoría incluirá además los movimientos relacionados con la firma TourProdEnter y otras sociedades vinculadas a la explotación comercial de derechos deportivos. El objetivo será reconstruir el flujo de fondos, incluidas posibles transferencias internacionales, y comprobar el cumplimiento de normas legales y estatutarias.
Disputa por la jurisdicción y posible judicialización
En paralelo, la IGJ rechazó el intento de la AFA de cambiar su domicilio a la provincia de Buenos Aires al comprobar que la sede declarada no funcionaba como centro administrativo real. Por ello, el organismo determinó que la institución continúa bajo su jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia aseguran que los estados contables fueron aprobados en asamblea y que la entidad mantiene cumplimiento impositivo vigente. No descartan recurrir a la Justicia una vez formalizada la veeduría.
El Gobierno, en cambio, afirma que la medida forma parte de las facultades de fiscalización previstas por ley y que no implica sanciones ni desplazamiento de autoridades.
La decisión se produce en medio de tensiones entre el Ejecutivo y la dirigencia del fútbol, atravesadas por la investigación judicial contra Tapia y el tesorero Pablo Toviggino por presuntas irregularidades tributarias denunciadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
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