El COI analiza unificar criterios sobre atletas trans y evalúa un rol más activo en la regulación olímpica
El organismo olímpico profundizó debates internos para establecer un marco común de elegibilidad, en un contexto internacional atravesado por normas más restrictivas, presiones políticas y cuestionamientos por derechos humanos.
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El Comité Olímpico Internacional (COI) confirmó que continuó evaluando la posibilidad de crear un marco universal que regule la participación de atletas transgénero en los Juegos Olímpicos. El debate se intensificó en un escenario donde distintas federaciones internacionales avanzaron con criterios más estrictos de elegibilidad, reabriendo discusiones sobre equidad, inclusión y derechos humanos en el deporte de alto rendimiento.
De acuerdo a información difundida por Reuters, el organismo con sede en Lausana mostró una mayor predisposición a asumir un rol activo, luego de años en los que delegó estas definiciones en cada federación internacional. Desde el COI aclararon que el grupo de trabajo sigue deliberando y que, por el momento, no se adoptaron decisiones definitivas.
La atención se centró en la conducción encabezada por Kirsty Coventry, en medio de un contexto internacional fuertemente influido por decisiones políticas. En ese marco, el presidente estadounidense Donald Trump firmó en febrero de 2025 una orden ejecutiva que prohibió la participación de niñas, adolescentes y mujeres trans en competencias deportivas a nivel escolar y anunció que no permitirá su presencia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Como consecuencia, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos modificó su reglamento interno para restringir la participación de mujeres trans en competencias femeninas, alineándose con la nueva política federal.
En paralelo, el COI trabajó durante 2025 en nuevas normas vinculadas a identidad de género y equidad deportiva. En septiembre, Coventry anunció la creación del grupo de trabajo denominado “Protección de la Categoría Femenina”, integrado por especialistas médicos y representantes de federaciones, con el objetivo declarado de preservar la equidad competitiva en el deporte femenino.
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Un guiño a la política anti-trans impulsada desde Estados Unidos
En los últimos años se instaló el argumento, sin respaldo científico concluyente, de que la participación de mujeres trans en el deporte implicaría una supuesta “ventaja injusta” frente a mujeres cisgénero. Esta narrativa fue adoptada tanto por federaciones deportivas internacionales como por sectores políticos y grupos antiderechos con poder de decisión.
Figuras de peso como Donald Trump influyeron de manera directa en este giro restrictivo. Tras asumir la presidencia, una de sus primeras medidas en febrero de 2025 fue prohibir la participación de niñas, adolescentes y mujeres trans en competencias deportivas escolares, además de instruir al secretario de Estado para intentar modificar las reglas del propio COI.
Durante 2025, en Estados Unidos se presentaron 95 iniciativas legislativas destinadas a impedir la participación de atletas trans, principalmente niñas y mujeres, en el deporte escolar. De ese total, 54 proyectos avanzaron en los ámbitos legislativos y en seis estados ya se convirtieron en ley.
Este clima político impactó de manera directa en el deporte internacional. En ese contexto, federaciones de disciplinas como natación, atletismo y boxeo endurecieron aún más sus regulaciones sobre la participación de atletas trans e intersex.
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Regulaciones cuestionadas por su carácter sexista
Históricamente, las normas de elegibilidad deportiva afectaron de manera desproporcionada a atletas trans, intersexuales y a mujeres cisgénero que, de forma natural, presentan niveles elevados de testosterona. Estas regulaciones fueron cuestionadas por la Organización de las Naciones Unidas, que advirtió que vulneran derechos fundamentales como la privacidad, la salud y la no discriminación.
La Human Rights Watch documentó que estas políticas fomentaron prácticas de vigilancia corporal, discriminación y, en algunos casos, intervenciones médicas coercitivas e innecesarias, con consecuencias físicas, psicológicas y económicas para las atletas. Además, distintos informes señalaron que estas medidas presentan un sesgo racista.
La vigilancia sobre los cuerpos se concentró en casos emblemáticos como el de la corredora sudafricana Caster Semenya y la boxeadora Imane Khelif, campeona olímpica que fue falsamente señalada como mujer trans. Esa acusación derivó en una ola de transodio y un fuerte escrutinio mediático sobre su cuerpo e identidad. Ambas atletas llevaron sus reclamos por discriminación y violación de derechos humanos ante tribunales internacionales.
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Poca presencia trans en el olimpismo
Hasta el momento, la participación de atletas trans en los Juegos Olímpicos fue mínima. Solo una mujer trans logró competir en ese nivel: la levantadora de pesas neozelandesa Laurel Hubbard, quien participó en los Tokio 2021 y quedó eliminada en la final de su categoría. A partir de su presencia, se amplificó una ola de desinformación sobre una supuesta ventaja competitiva frente a mujeres cisgénero.
En el ámbito paralímpico, participaron dos atletas trans. La lanzadora de disco neerlandesa Ingrid van Kranen finalizó novena en Río 2016 sin mayor impacto internacional. En París 2024, la italiana Valentina Petrillo fue eliminada en semifinales de los 400 metros T12 y recibió cuestionamientos por parte de otras competidoras.
En un escenario global marcado por el avance de narrativas anti-trans y regulaciones cada vez más restrictivas, las definiciones del COI no solo determinarán quién puede competir, sino también qué cuerpos son considerados legítimos dentro del deporte de alto rendimiento. Mientras gobiernos, federaciones y grupos antiderechos buscan moldear el futuro de las categorías femeninas bajo argumentos sin evidencia concluyente, las trayectorias y derechos de atletas trans, intersex y de mujeres cis con variaciones corporales continúan expuestas a una vigilancia que limita su derecho humano al deporte.

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